La Junta de Andalucía ha lanzado el primer Protocolo para la inclusión social de personas LGTBI

El documento, realizado en colaboración con las asociaciones LGTBI andaluzas, tiene como objetivo unificar criterios en la actuación de los servicios sociales comunitarios y ofrecer las mismas herramientas para trabajar a los profesionales

Se llevarán a cabo entre el personal de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios acciones de formación y sensibilización

Pese a los cambios sociales y los avances normativos en materia de igualdad de derechos que se han vivido en las últimas décadas, las personas del colectivo LGTBI siguen sufriendo discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Esto se refleja en el III Informe de situación de la LGTBIfobia en la comunidad andaluza elaborado por el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que reveló que durante el 2021 se produjeron en Andalucía 367 incidentes por estos delitos de odio, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años y que, según se estima, sería solo la punta del iceberg debido al bajo volumen de denuncias.

Las legislaciones internacionales, nacionales o autonómicas tratan de prohibir estas discriminaciones. También hay que destacar la labor de instituciones como los Servicios Sociales, en el caso concreto de Andalucía, que deben poner en marcha actuaciones de carácter preventivo y terapéutico que propicien el desarrollo y la integración social de la población y la disminución de las situaciones de riesgo social. Sin embargo, pese a existir las citadas normas, muchas veces no se articulan los procesos necesarios y estandarizados para que sean todo lo efectivas que buscan ser o no existe la formación necesaria a los profesionales para garantizar una sensibilización adecuada y una correcta actuación.

Es por eso que la Junta de Andalucía ha lanzado el primer Protocolo para la inclusión social de personas LGTBI y la prevención de la LGTBIfobia en los centros de Servicios Sociales Comunitarios.

En base a esta iniciativa, se llevarán a cabo entre el personal de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios acciones de formación y sensibilización en dicha materia, que les permita comprender las discriminaciones y las barreras que estas personas enfrentan y dirigir sus acciones a evitar tales situaciones y a favorecer la inclusión efectiva en los centros donde son atendidas, recibiendo una atención integral.

El documento, realizado en colaboración con las asociaciones LGTBI andaluzas, tiene como objetivo unificar criterios en la actuación de los servicios sociales comunitarios y ofrecer las mismas herramientas para trabajar a los profesionales, con independencia de la provincia en la que se encuentren.

Como explicó la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, el nuevo texto busca dar una respuesta unificada en todo el territorio y para ello son «esenciales» los profesionales del sector social ya que son «esa primera ventanilla social de cara a la detección de casos y de la puesta en marcha del sistema de protección».

Cabe destacar que el Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) de Andalucía se estructura en dos niveles de atención: el primario, en el que se ubican los servicios sociales comunitarios, y el especializado, en el que se sitúan los centros que sobre la base de criterios de mayor complejidad requieren una especialización técnica concreta. En cada nivel se establecen protocolos específicos para la prevención y atención de las situaciones de necesidad, urgencia y emergencia social que se puedan presentar.

Los Servicios Sociales Comunitarios componen más de 47.000 profesionales en la comunidad, 41.000 de ellos, del servicio de ayuda a domicilio. Son, por tanto, las personas que «están en la primera línea, tanto en los centros de trabajo como en muchos hogares andaluces, y pueden ser esos ojos que puedan ver casos de posibles conductas LGTBIfóbicas», aseguró López.

El protocolo, que se presentó el pasado 26 de marzo en Torremolinos, se estructura en tres fases: la primera dirigida a la prevención; la segunda enfocada en la detección, que dará lugar a la activación del protocolo; y la tercera intervención o en su caso derivación del asunto a servicios especializados, con su correspondiente seguimiento.

Además se rige por principios generales de actuación como son diligencia y celeridad; respeto a los derechos de las partes; protección y garantía de indemnidad; confidencialidad y anonimato; colaboración; derechos de abstención y recusación; protección de datos y derecho a la información.

Para hacer efectiva la prevención de actitudes LGTBIfóbicas y de exclusión social llevarán a cabo acciones formativas, de promoción de entornos de respeto, de información y sensibilización; que garanticen la privacidad; de asesoramiento y consulta o que conmemoren los días significativos para el colectivo, entre otras.

En lo referente a la detección, se tendrán en cuenta tanto las conductas como los indicadores de discriminación.

Finalmente, en el caso de confirmarse una situación de LGTBIfobia o exclusión social de personas lGTBI, se procederá con el diseño del Proyecto de Intervención Social, el cual se elaborará desde una perspectiva global e integral y en coordinación con las administraciones, servicios y entidades que, en su caso, estén implicadas. En el caso de situaciones leves que no sean constitutivos de delitos, se optará por la mediación; mientras que si se identifica un caso moderado o grave se informará a la persona afectada sobre la posibilidad de presentar una denuncia ante el Juzgado de Guardia, la Fiscalía, la Guardia civil o la policía de la localidad donde haya ocurrido el hecho.

Además, para hacer seguimiento de los casos identificados, las veces que se ha aplicado el protocolo y las actuaciones que ha llevado a cabo el personal del centro, se propone la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento, para aquellos centros cuya estructura organizativa lo permita.

En suma a todo esto, el protocolo incluye en los anexos seis modelos de documentación para la recogida de información, notificación o cuestionarios, entre otros.