La Junta de Andalucía desbroza el bosque de sus entidades instrumentales
La auditoría de lo que los partidos del Gobierno llaman 'administración paralela' desvela casos duplicidades y caos organizativo
El Gobierno andaluz culminó en la semana que acaba de terminar uno de los objetivos que se había fijado al inicio de su mandato: desbrozar ... el bosque de entes instrumentales sembrado en la administracióndurante las cuatro décadas de gobiernos socialistas. Lo ha hecho a través de una auditoría operativa contratada mediante una licitación abierta dividida en lotes de las que resultaron adjudicatarias seis empresas y grupos de empresas entre las que se incluyeron algunos de los operadores más prestigiosos del sector. Esta semana se han conocido los resultados.
El informe a partir de estos elaborado por la Junta y que se convertirá en una herramienta para la reforma del sector público que los partidos del gobierno autonómico pretenden impulsar, señala que se ha constatado que a lo largo de las últimas décadas la Junta de Andalucía desarrolló una «superestructura administrativa paralela» que provocó solapamientos funcionales que «han llegado a sedimentar y que, a día de hoy, dificultan el cumplimiento de los propios fines de la Administración».
También matiza que la auditoría contiene opiniones, indicaciones y recomendaciones de auditores privados y, por tanto, deben someterse al análisis exhaustivo por parte de las Consejerías de adscripción de los entes analizados.
Las conclusiones elaboradas por la Junta a partir del resultado de las auditorías señala que el objetivo era disponer de un primer diagnóstico técnico que permitiera identificar los fallos estructurales del Sector Público Instrumental, así como sus ventajas, en cuanto a la posible agilidad de algunos procedimientos o la prestación de servicios básicos esenciales.
«Servicio público importante y necesario» de algunos entes
Las auditorías no sólo han aportado malas noticias. En algunos casos, según el informe, se ha refrendado la utilidad pública y relevancia de agencias y fundaciones «en las que se evidencia la prestación de un servicio público importante y necesario». En ese apartado se citan la Agencia Andaluza de la Energía, a la que considera un ente idóneo, ya que las Consejerías a las que está actualmente adscrita no podrían asumir sus competencias y que por su alto nivel de cualificación se concibe como el agente idóneo para la gestión de los fondos europeos Next Generation.
También aparece la Fundación Pública Andaluza Baremboim-Said, de la que se destaca que cuenta con una demanda a considerar porque demuestra no sólo la calidad y el valor de sus actividades, sino también el retorno de la inversión.
Igualmente se considera relevante y beneficiosa la existencia de las distintas fundaciones provinciales para la investigación sanitaria dado que permiten la concurrencia a convocatorias de ayudas de forma independiente y separada, lo que aumenta las posibilidades de éxito en la consecución de fondos públicos para obtener financiación.
En el extremo contrario se cita la existencia de entes y fundaciones que durante años no han desarrollado actividad alguna no cumplen su fin como ente público o no responden a sus objetivos fundacionales, como el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, con ninguna empresa instalada en sus más de 156.000 metros cuadrados, la Fundación Doñana 21 o la Red de Villas Turísticas de Andalucía.
El líder del PSOE, Juan Espadas, ha cuestionado la naturaleza de este informe, al que ha calificado como «el resultado de un encargo a demanda» del que han salido unas conclusiones «de control político, claramente sesgadas y de parte» .
El Sector Público Instrumental Andaluz consta de 92 entidades: 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. Sin embargo sólo se analizaron 54 de ellas, entre las que figuran 18 fundaciones, 16 sociedades mercantiles, 18 agencias públicas empresariales y dos agencias de régimen especial (el Servicio Andaluz de Empleo y la Agencia de gestión agraria y pesquera (AGAPA). Quedaron fuera las que están en proceso de disolución o inactivas.
Según las conclusiones presentadas, aparecieron duplicidades de funciones y competencias tanto entre algunos entes entre sí como entre estos y las consejerías de las que dependen e incluso con consejerías ajenas.
Otro de los puntos que destacan en el estudio son las deficiencias en la gestión de algunas de las entidades, así como, en algunos casos, mala organización en la gestión de bienes y activos. Uno de los casos de mala gestión que se destaca es el del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que sólo gestiona el 3% de las contrataciones en Andalucía.
Asimismo, se menciona lo que el Ejecutivo andaluz describe como caos organizativo en el área de recursos humanos. El personal de estos entes se rige por 66 convenios colectivos distintos, de los que 43 son propios y 23, sectoriales.
Entidades instrumentales
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Entidades que podrían mantenerse con cambios leves: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said; Aerópolis; Agencia Pública de Puertos de Andalucía; Fundación integración salud mental (FAISEM), Empresa Pública para gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, Agencia Andaluza de la Energía.
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Entidades que se recomienda extinguir, fusionar o integrar: Agencia Pública de Educación, agencias públicas sanitarias Bajo Guadalquivir, Costa del Sol, Alto Guadalquivir, Poniente y EPES (se propone su integración en el Servicio Andaluz Salud), Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Fundación Andalucía Olímpica, INTURJOVEN, Red de Villas Turísticas.
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Entidades con duplicidades. Canal Sur Televisión y Radio, RTVA, y Fundación Audiovisual Pública Andaluza;Agencia Andaluza del Conocimiento; Centro de nuevas tecnologías del agua (CENTA); Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA); Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA); Red Logística de Andalucía, S.A.; Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A
Entre este desorden administrativo, se destacan los sueldos por encima de la media del mercado en varios de los entes analizados, como en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Retribuciones superiores
Otro ejemplo aparece en la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), donde el personal laboral recibe retribuciones superiores a las que corresponderían a funcionarios, con pluses que no responden a una base directamente vinculada por el desempeño laboral.
Entre las irregularidades que el informe destaca en el plano laboral, se subraya como especialmente llamativo el del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que pese a su ineficacia, ya que realizaba una media de 12 ofertas de empleo por cada 1.000 demandantes, «sí ha servido para resolver el horizonte laboral de todos los ex trabajadores de la Faffe (la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo); de los ex UTEDLT (al menos 337 de sus empleados, el 55%, han sido incorporados tras sentencias firmes de anulación de despido); el personal de las escuelas consorcio (con irregularidades detectadas por los auditores en las de Benalmádena y La Cónsula).
Los auditores han advertido de que las tablas salariales del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio-CIOMijas no provienen de convenio o acuerdo colectivo y que pueden considerarse nulas por carecer de informe previo.
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