Urbanismo detecta obras ilegales en un centenar de viviendas de una misma urbanización

Pocas veces se han concentrado tantos casos de obras ilegales en apenas un par de calles. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha detectado un centenar de ellos en la urbanización Villas del Arenal, junto a la barriada de Intelhorce, en lo que constituye un insólito caso de incumplimiento de la legalidad urbanística casi al unísono por parte de la mitad de los adosados y chalés que conforman este núcleo residencial. Esta actuación por parte del Ayuntamiento ha generado todo un revuelo en esta zona, hasta el punto de que la concejala del distrito Cruz del Humilladero -al que pertenece-, Teresa Porras, mantuvo ayer un encuentro con los vecinos para intentar calmarlos y aconsejarles que revisen su situación y demuelan o legalicen lo construido sin licencia, si es que no está prescrito, para que no se vean inmersos en un proceso sancionador.

El coordinador general de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, informó de que han sido cinco los expedientes de restitución de la legalidad que ya se han abierto de un total de cien actuaciones ilegales detectadas. En algunos casos, los técnicos de Urbanismo han llegado a la zona cuando se estaban realizando algunas de las obras sin permiso, ordenando su inmediata paralización.

De todo tipo

Según pudo conocer SUR, el proceso de inspección emprendido por el Consistorio en esta urbanización, situada junto a la avenida de Ortega y Gasset, frente a los suelos de Amoniaco, se inició a raíz de la denuncia de algunos de los propios vecinos de la zona. Las edificaciones realizadas sin los permisos correspondientes abarcan desde la cubrición de una pérgola hasta la construcción de piscinas, trasteros e incluso la ampliación de viviendas para disponer de más habitaciones.

Maldonado argumentó que, en el cumplimiento de su obligación, la Gerencia de Urbanismo ha inspeccionado y ha comunicado a los vecinos que, si no restablecían la legalidad urbanística, se les abriría un expediente sancionador. «No se trata de un afán recaudador. Lo primero que se hace siempre es trasladar la necesidad de que se restablezca la legalidad demoliendo u obteniendo los permisos correspondientes», afirmó el coordinador, quien apuntó que las multas que han empezado a tramitarse son para casos en los que los vecinos se han negado a legalizar o demoler tras un primer aviso del Ayuntamiento.

SUR contactó con uno de los residentes de la zona que, ante la acción de Urbanismo, ha preferido demoler por su cuenta un trastero y un cobertizo para estacionar una motocicleta antes de arriesgarse a una multa de unos seis mil euros. La concejala Teresa Porras coincidió con Diego Maldonado en que no existe afán recaudador por parte del Ayuntamiento, y aseguró que los vecinos son conscientes de que han vulnerado la legalidad con sus actuaciones. «Les hemos trasladado las pautas que tienen que seguir para legalizar o demoler las obras, aunque puede que haya algunas que ya hayan prescrito», apuntó Porras.