La objeción de conciencia

La nueva ley aborda también la objeción de conciencia -factible para los médicos con la legislación de 1985 y que el Partido Popular defiende sin límites ni restricciones- para evitar desigualdades territoriales. La propuesta socialista concreta que la objeción debe reservarse a los profesionales que intervengan en el acto clínico del aborto y «que no se acojan a ella de forma global las instituciones».

«En ningún caso podrá ser invocada por los centros sanitarios», propone el texto. De este modo, no podrán objetar celadores, analistas ni anestesistas que no intervengan directamente.