El Consistorio estudiará las infracciones cometidas por Portillo antes de negociar

El culebrón sobre la polémica concesión del servicio del transporte urbano y de la explotación de la estación de autobuses de Marbella a la empresa Portillo suma un nuevo capítulo. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento recabarán información sobre todos los expedientes sancionadores que se le ha abierto a la adjudicataria por parte de la administración local y la Policía, así como las demandas cursadas ante la Oficina del Consumidor antes de sentarse a negociar con los responsables de la empresa.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, cita como ejemplo de infracción el uso del autobuses articulados por la ciudad. Con este documentación pretenden evidenciar las «graves carencias» que arrastra el servicio para ponerlas sobre la mesa en la futura reunión que mantengan con la concesionaria.

Muñoz insistió ayer en que la prioridad para el gobierno marbellí «no es rescindir el contrato con la empresa» -una de las posibilidades que hasta ahora no habían descartado- sino conseguir que la ciudad cuenta con un transporte público de calidad.

Contratos «a dedo»

Otra de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno Local se refiere a la rescisión de algunos contratos «a dedo» que los anteriores gobiernos municipales firmaron con asesorías y consultorías para la prestación de servicios al Ayuntamiento.

Una de las asesorías -Campayo y Jaén- contratada en 2004 por la entonces concejala de Proyectos Estratégicos, Isabel García Marcos -imputada en 'Malaya'-, ha reclamado una deuda de 43.575 euros. Tras elaborar los informes económicos y técnicos para acreditar que los servicios se realizaron, el Consistorio sólo reconoce 15.000, cantidad que abonará.

Por otro lado, la limitación del consumo de teléfonos móviles en el Ayuntamiento -incluida en el plan municipal de austeridad- ha permitido reducir el gasto en más de un 30 por ciento. La facturación ha pasado de casi 17.000 euros al mes a los 12.000 actuales.