José Antonio Alonso: «Estoy convencido de que una mujer llegará a ser jefa del Estado Mayor»

Dirige un área del Gobierno socialista no solamente fundamental, sino con un mando que alcanza a cerca de 130.000 militares y civiles. Juez de carrera, ex vocal del Poder Judicial y ex titular de la cartera del Interior, José Antonio Alonso Suárez no oculta que su gestión está en el punto de mira del PP, que cuestiona la política de misiones internacionales en el exterior. Una 'pelota' que le rebota al Gobierno de Zapatero en respuesta a su oposición a la guerra de Irak en 2003.

¿Cómo se encuentra en este momento la investigación oficial para aclarar la muerte de los seis soldados españoles en el Líbano?

La investigación la están llevando las autoridades de ese país. Los datos de los que disponemos son los referidos a la matrícula del coche bomba y su bastidor. Se ha localizado a un testigo y contamos con datos que nos permiten marcar una línea de investigación, aunque no es lo mismo investigar en España que en el Líbano. Vamos a seguir trabajando para determinar quiénes son los autores materiales. Por los análisis del CNI, todo apunta a una célula terrorista con vínculos internacionales 'yihadistas'.

¿Acto terrorista o acción de guerra?

Esta es una discusión que creo que está ya zanjada. La misión de Naciones Unidas es claramente para llevar la paz, no la guerra, de acuerdo con la carta de la ONU. Eso no quiere decir que esta operación no se desarrolle en una zona donde hay mucha violencia y esa circunstancia siempre la he dicho.

Polémicas medallas

¿Cuál es su opinión sobre la polémica de las medallas póstumas a los soldados fallecidos?

Ha sido una polémica, no solo falsa y absurda, sino también dolorosa para los familiares. El hecho de que se dé una medalla de distintivo rojo o amarillo no depende de que se esté o no en situación de guerra. En Irak, el Gobierno de Aznar concedió la medalla de distintivo amarillo a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia que fueron asesinados. La imposición de medallas se ha hecho de acuerdo al decreto del año 2003, aprobado en la época del PP. ¿Qué va a hacer el Gobierno socialista? Pues conceder a los militares muertos en el Líbano la medalla con distintivo rojo. Cuando esté aprobada la reforma se evitarán este tipo de discriminaciones absurdas.

¿Qué número de inhibidores de frecuencia, que eviten atentados, ha encargado su departamento?

Ha sido este Gobierno el que ha comenzado la instalación de estos equipos desde el verano del 2005. Nunca antes las unidades españolas en el exterior habían dispuesto de los mismos, y, como parece lógico, comenzamos donde existía más riesgo, en este caso en Afganistán. Es allí en donde en un año se ha llegado a contabilizar hasta un millar de atentados con coches bomba. Un inhibidor cuesta unos 7.000 euros y se han encargado cerca de 70 para el Líbano. He dado instrucciones al Ejército de Tierra para que se acelere lo máximo posible estas instalaciones de equipos de seguridad.

Existen dudas respecto sobre si se hace lo suficiente por la seguridad de los militares españoles.

Eso no es así, ya que el Gobierno tiene muy claro que este gasto es prioritario. El desembolso en este apartado para el Líbano asciende a 108 millones de euros.

Pronto se conocerán la cifras del gasto en armamento del Ministerio de Defensa. ¿Va a crecer?

Estamos negociando con Hacienda las principales partidas y no hay nada cerrado. Disponemos de recursos y creo que se están gastando muy bien. En mi primer año en Defensa, el 2006, el presupuesto subió un 8,6%, el mayor incremento en los últimos 20 años. El Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante para que nuestras Fuerzas Armadas se modernicen y estén a la altura de los mejores ejércitos. El 80% del presupuesto de Defensa se emplea en gastos de operatividad, material, mejoras salariales o formación militar. Solo gastamos un 14% en la burocracia.

¿La formación que se imparte en las academias militares está acorde con el modelo de ejército occidental?

La enseñanza militar en nuestros centros es buena...

Pero, ¿no hay vestigios del pasado?

No. Una de las prioridades del Ministerio ha sido avanzar en la Ley de la Carrera Militar, que supone no solo una racionalización de la estructura de las Fuerzas Armadas, sino que ésta esté en consonancia con el tamaño del país y en estrecha relación con el desarrollo tecnológico. En este sentido, el Gobierno aspira a que la preparación que se imparte sirva para unas Fuerzas Armadas del futuro. ¿Cómo queremos encararla? Queremos que a la enseñanza de las academias se les sume la posibilidad de que los militares obtengan una titulación de una universidad pública que tenga que ver con la actividad militar.

Sin discriminación

La integración de la mujer en el Ejército es cada vez mayor, pero ¿para cuándo habrá una mujer general?

Desde 1992 la mujer está presente en nuestros ejércitos sin discriminación legal pero, como es normal, los ascensos siguen sus trámites de antigüedad. Estoy convencido de que ese momento llegará y que una mujer, alguna de las 95 comandantes que hay, se sentará como jefa del Estado Mayor de la Defensa en igualdad con la profesionalidad de los varones. Una prueba del avance en este campo es que ya tenemos a la primera mujer que es piloto en aviones de combate como los F-18.

A pesar de ello, a veces se denuncian comportamientos machistas.

No creo que responda a la realidad, ya que la integración de la mujer en todos los campos es imparable. Las mujeres militares son muy competentes y ello se demuestra porque el grado de integración en nuestras Fuerzas Armadas alcanza ya el 12% de la plantilla. Somos el tercer país del mundo con mayor presencia femenina.

Extranjeros en la tropa

¿Va a seguir el reclutamiento de inmigrantes?

Actualmente la presencia de soldados no españoles alcanza el 7% y mi meta es que no se supere el 9%. Esta cifra coincidiría con el número de inmigrantes en España.

Como juez, ¿qué cambios se plantea respecto al Código Penal Militar?

Ninguno. Es un código sancionador que consideramos democrático, ya que en él se establecen garantías suficientes.

Pero los sindicatos y asociaciones de guardias civiles se quejan de la dureza de las penas.

La Guardia Civil es una institución militar y cuando actúa bajo funciones militares la penalización debe de ser castrense. Lo que debe de quedar claro es que las Fuerzas Armadas tienen una estructura jerarquizada que exige disciplina para poder funcionar eficazmente.

¿Qué cambios ha hecho el PSOE respecto a la Guardia Civil que no hizo el anterior Gobierno del PP?

Fundamentalmente modificar el régimen sancionador. No parece lógico que cuando los agentes actúan con funciones policiales se les sancione como militares.

En este aparente resurgimiento de una nueva 'guerra fría', con las propuestas de escudos antimisiles de EE. UU. en Chequia y Polonia, ¿dónde se sitúa España?

La posición española está en perfecta consonancia con nuestra presencia en la OTAN, pero teniendo en cuenta que Rusia es un país con una importancia clave en las relaciones internacionales. Apoyamos la instalación de los escudos, pero antes es preciso que la diplomacia trabaje a fondo para evitar cualquier mal entendido con los rusos.

¿Qué papel tendrá la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la próxima campaña antiincendios?

Habrá una compañía dispuesta por cada una de las cinco bases en León, Madrid, Valencia, Sevilla, y Zaragoza. La disposición de Defensa es ayudar en todo lo que podamos, pero sin olvidar que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias transferidas en Protección Civil. La UME no va a estar desplegada solo para incendios, sino que, cuando esté completamente en servicio, colaborará en siniestros naturales u otro tipo de accidentes. Era una unidad necesaria. Prevemos destinar en esta legislatura cerca de 450 millones de euros y con un total de efectivos próximo a los cuatro mil hombres.

La polémica en la venta de aviones y buques al Gobierno de Venezuela pasó, ¿de qué forma se ha suplido esta falta de contratos?

La industria nacional hace contratos con diferentes países. En el caso del Gobierno de Hugo Chávez, lo que sucedió fue un problema político que se ha superado. Afortunadamente, hemos firmado un contrato con Australia, el mayor de la historia de la industria naval militar española. El importe total de la operación se acerca a unos 5.000 millones de euros, de los cuales nuestra industria se quedará con unos dos mil. Se trata de buques que se construirán en El Ferrol.