50.000 viviendas quieren amnistía

La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los 'campitos' de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección.

Ésa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para abrir la vía de la regularización mediante un decreto (estará redactado en un plazo máximo de seis meses) que permitirá el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios y equipamientos básicos que ahora son en muchos casos inexistentes. Aunque no será gratuito, puesto que la actuación deberá salir del bolsillo de los propietarios en concepto de compensaciones.

«La hoja de ruta empieza por el inventario, algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución prácticamente personalizada», apunta el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Benítez.

La sombra del derribo

Se podrán salvar la mayoría de las casas que se encuentran fuera de ordenación, las construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y aquéllas a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior. Pero no todas. La sombra del derribo rondará a las levantadas en suelo protegido y las edificadas al margen de la ley no prescritas. «No es imposible, pero sí que la solución va a ser más complicada», reconoce Benítez. Bien distinto será el panorama de las que se realicen a partir de ahora al margen de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) o los planeamientos de rango superior. «Seremos tajantes y contundentes», advierte el dirigente de Obras Públicas.

La nueva normativa, anunciada para la Axarquía aunque extensible a todo el ámbito regional, ha sido recibida por los propietarios con optimismo, pero también con cautela y escepticismo por haberse hecho pública a dos meses de unas elecciones municipales. «Lo único que pedimos es que no hagan política con nosotros. Si hasta ahora no había forma de solucionar el problema, ¿por qué ahora sí se puede si la LOUA sigue siendo la misma?», se pregunta María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI).

La entidad constituida el pasado mes de diciembre y que ya agrupa a 65 colectivos vecinales aboga directamente por modificar la ley, una propuesta que pretende llevar al Parlamento autonómico, si es posible, con el respaldo de los dos grandes partidos (PSOE y PP). El mensaje es claro: «Legalizar todas las casas en las que se pueda cambiar la calificación del suelo y dotar los servicios básicos a aquéllas que se queden fuera de ordenación y estén ocupadas», explica Vázquez, quien recalca que los vecinos no son los únicos responsables de esta situación. «Ha habido mucha permisividad. Durante años, los ayuntamientos se han lavado las manos, han cobrado el IBI y demás impuestos para luego abrir expedientes y ordenar derribos», subraya.

La elección de la Axarquía para dar a conocer el decreto no fue casual. La comarca ha llevado la voz cantante en los últimos años exigiendo soluciones, hasta el punto de que los 31 alcaldes axárquicos han llegado a solicitar reiteradamente la reforma y modificación de la LOUA como vía para la normalización urbanística. El plante ha sido tal que varios regidores están imputados e incluso condenados por dar licencias o haber mirado para otro lado. De momento, 11.025 viviendas son susceptibles de ser legalizadas, aunque en el horizonte aún pueden quedar otras tantas a juicio de los grupos ecologistas.

No son las únicas. En Mijas, la presión vecinal ha ido 'in crescendo' en los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento optó por paralizar el envío de multas coercitivas. Esta misma semana se ha dado luz verde a la revisión del PGOU en suelo no urbanizable, lo que conduciría a la regularización de la inmensa mayoría de las 3.000 casas 'ilegales' existentes, quedándose al margen las que invaden el dominio público y las zonas de especial protección. «La ley no lo permite en ningún caso», resalta el alcalde mijeño, Antonio Sánchez.

La misma solución es la que plantean en Estepona para los 'campitos', como se conocen popularmente los diseminados rurales. En los últimos años se han multiplicado hasta superar las 3.000 construcciones, de las que unas 800 están en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental.

El interior tampoco es ajeno a esta problemática, especialmente en los pueblos regados por el Guadalhorce. Uno de los puntos más calientes es Cártama, donde se han ejecutado varias órdenes de demolición y se han producido manifestaciones de afectados reclamando soluciones para las más de 3.500 edificaciones. Ni siquiera la capital se escapa, con 44 núcleos de población asentados fundamentalmente en Campanillas, Los Montes y Puerto de la Torre en los que cerca de 1.200 casas se han quedado fuera de ordenación en el nuevo PGOU. En Antequera, las estimaciones apuntan a 800, una cifra que se duplicaría si el radio de búsqueda se amplía a toda la comarca.