Torremolinos busca la fórmula para cumplir la orden de cierre del vertedero

No parece que vaya a ser de forma inmediata, pero el sellado del vertedero de Torremolinos está más cerca que nunca. De momento, el Ayuntamiento ya ha movido ficha dando la batalla por perdida y reconociendo que se están estudiando distintas fórmulas para cumplir la orden de cierre dictada por un juez el pasado mes de enero. Este cambio de discurso es más que significativo, toda vez que el basurero municipal (ubicado en la sierra) sigue operativo ocho meses después del pronunciamiento judicial, circunstancia que la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta se ha encargado recientemente de poner en conocimiento de la Justicia enviando un informe en el que se adjuntaban fotografías de camiones entrando y saliendo del lugar donde van a parar los residuos sólidos que genera Torremolinos.

La única alternativa que le queda al Consistorio es trasladar la basura a la planta de tratamiento de Casares, gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y a la que llegan todos los residuos desde Manilva hasta Benalmádena (a excepción de Mijas, que tiene su propio vertedero). Un problema resuelto, pero otro que surge, ya que el coste derivado del transporte de las 60.000 toneladas de basuras que la ciudad produce al año (entre ambos municipios hay 96 kilómetros) repercutirá ineludiblemente en el recibo de la basura. La cuantía de ese incremento en la tasa municipal aún no se ha fijado a la espera del estudio que está realizando el Consistorio, pero lo que sí tiene claro el equipo de gobierno que encabeza Pedro Fernández Montes (PP) es que van a explicar a los ciudadanos de dónde viene esa subida al entender que detrás de todo este proceso impulsado por Medio Ambiente hay un «móvil político».

Protección del entorno

Al margen de las discrepancias entre ambas administraciones sobre su legalidad y el posible riesgo para los acuíferos de la sierra que abastecen a Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre, lo cierto es que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga desestimó el pasado 29 de enero la suspensión cautelar solicitada por la empresa municipal Litosa (responsable del vertedero) contra la resolución de Medio Ambiente de febrero de 2007 en la que se exigía el cese inmediato de la actividad en el que es el único basurero al aire libre que queda en la provincia. En su decisión, la magistrada hizo prevalecer la protección del entorno por encima de los perjuicios que se le puedan ocasionar al Ayuntamiento.