La Junta intenta revocar el concurso del metro en la Alameda porque no se fía de las ofertas

Lo barato sale caro y lo que a primera vista podría parecer una ganga se ha convertido en un problema preocupante, hasta el punto de tener que acudir a una herramienta que rara vez se ha utilizado. La Consejería de Fomento no se fía de las fuertes bajadas de precio con las que diez constructoras y uniones temporales (utes) han concurrido al concurso para hacer el túnel del metro en la Alameda Principal. Se temen que las ofertas puedan esconder sobrecostes y retrasos, en caso de aparecer problemas imprevistos. Dado el escenario donde se producirán los trabajos se trata de evitar a toda costa que la ejecución se extienda por encima de lo previsto (33 meses), más allá de un margen tolerable. En la decisión también pesa mucho la mala experiencia del tramo anterior el de Callejones del Perchel donde un tajo previsto para 18 meses ya lleva abierto cinco años; y lo que queda.

La Agencia de Obra Pública de la Junta ha hecho una consulta a la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, también dependiente del Gobierno andaluz, sobre la posibilidad de renunciar a la celebración del contrato del tramo Guadalmedina-Atarazanas, ante lo que esgrime las rebajas excesivas en las plicas que han concurrido a la licitación. Es un caso complejo, puesto que legalmente no se puede hablar de bajas temerarias: este concepto se aplica a las ofertas que están muy por debajo de la media del resto de los licitadores, pero aquí casi todas coinciden en ofrecer costes similares. Cabe recordar que el concurso tenía un presupuesto base de unos 44,6 millones, aunque las constructoras han ofrecido bajadas muy fuertes, entre 24 y 30 millones (hasta un 45% menos).

Dos posibles escenarios

La previsión inicial era la de adjudicar a finales de noviembre, aunque el escenario cambió a raíz de conocer las propuestas económicas de las entidades interesadas, dada la acusada baja que reflejaban todas. «Se necesita una reflexión por la experiencia arrastrada y porque es el Centro de Málaga, y una zanja abierta en esa zona tiene una afección mayor», reconocieron ayer fuentes de la Consejería de Fomento.

Este informe no tiene carácter vinculante, sino de asesoramiento, de cara a adoptar una decisión final. El organismo consultivo está formado por especialistas en materia de contratación pública y tardará alrededor de un mes en pronunciarse. A partir de este momento se abren dos posibles vías: seguir adelante con la adjudicación, lo que se produciría en torno al mes de febrero; o revocar el concurso y convocar uno nuevo, con un plazo de 52 días, por lo que estaría adjudicado en mayo. En este supuesto, desde Fomento aseguraron que no habría cambios en cuanto al desarrollo de la Semana Santa y la fecha prevista para la apertura del tramo final (diciembre de 2017), dado que ya se había descontado el periodo entre enero y marzo, para no afectar al paso de los tronos en 2015.

Expertos en obra pública consultados valoraron el gesto como un aviso de la Junta a las constructoras, de que no tolerará sobrecostes injustificados; y como una forma de blindarse con todas las herramientas legales por si salta el conflicto.