La defensa del único constructor que reconoce pagos a Roca asegura que fue por un «estado de necesidad»

«El retraso en la entrega de los pisos le hubiera supuesto a mi cliente las querellas de los compradores. Y optó por lo que optó. Fue un estado de necesidad», aseguró el defensor. Por ello, solicitó al tribunal que el reproche penal que pueda recibir el comportamiento de Fidel San Román, que se enfrenta a ocho años de cárcel por cohecho, tenga en cuenta su reconocimiento de los pagos y que «por analogía sea similar al que reciba el acusado que sí haya pactado con la Fiscalía».

Se refirió también Manrique a la expresión «urbanismo a la carta», que se ha venido utilizando a lo largo del juicio, para asegurar que el plan general de Marbella de 2010, «sí que es un verdadero urbanismo a la carta», en el que, en su opinión, han resultado perjudicados los empresarios imputados en 'Malaya'. «Si ponen el nombre de los empresarios que hay aquí (acusados) en un mapa verán ustedes que tienen más pintura colorada en todos sus suelos de lo que se pueden imaginar; y no por la ubicación del suelo, sino porque están inmersos en este procedimiento judicial. Se les ha penado administrativamente».

Por su parte, los defensores de los empresarios Gonzalo Fernández-Castaño y José María Enríquez García pidieron su libre absolución, al igual que los abogados de los directivos de la empresa Automóviles Portillo Julio de Marco, Joaquín Martínez-Vilanova y José María Pérez Lozano, quienes señalaron que «ni pagaron ni intentaron pagar» la dádiva de casi 400.000 euros que les exigió el ya fallecido concejal de Transportes de Marbella, Victoriano Rodríguez, por la explotación de la estación de autobuses de la localidad.