Cuando los homosexuales malagueños eran perseguidos e internados para su 'reeducación'

Francisco Gutiérrez

Domingo, 13 de enero 2019, 01:14

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Cuando algunos partidos y colectivos han puesto en el debate público la igualdad de derechos y la discriminación de determinados colectivos de ciudadanos en función de su identidad sexual, las hemerotecas y los archivos son una excelente fuente documental para volver la vista a una realidad histórica. La discriminación y persecución de estos colectivos no se retrotrae a épocas remotas, sino que más bien ha estado presente en la sociedad española hasta hace bien poco: la homosexualidad se consideró delito hasta 1978, es decir, hasta hace solo 41 años. El Archivo Histórico Provincial recoge, conserva y pone a disposición de la ciudadanía los documentos producidos por las administraciones públicas en el ámbito de la provincia. Entre ellos, los expedientes y sentencias generados por los juzgados especiales que persiguieron las conductas homosexuales.

Málaga contó con dos de estos juzgados especiales. Uno fue el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de Málaga, que se creó en julio de 1958, y que permitió juzgar en la ciudad los casos que hasta entonces se llevaban al de Granada, con competencia en las provincias de Granada, Málaga, Jaén, Almería y partido judicial de Melilla. El segundo de los juzgados es el Peligrosidad Social, que se creó en 1971, cuando se derogó la ley de Vagos y Maleantes, y que tuvo competencia territorial sobre los de Granada, Jaén y Almería. En el Archivo Histórico Provincial se conservan 312 legajos y 44 libros de registro con los expedientes que generaron estas dos leyes.

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Los expedientes judiciales penales y diligencias conservados dirimen casos de «prostitución, homosexualidad, abusos deshonestos, deficiencia mental, alcoholismo, toxicomanía, embriaguez habitual, enajenación mental, mala conducta moral, mendicidad, o enfermedad psíquica», entre otros.

Esta ley, que trataba de reprimir conductas antisociales, fue aprobada en tiempos de la II República, en agosto de 1933. Fue una de las pocas leyes republicanas que no derogó el régimen de Franco. En 1954 sería modificada para incluir expresamente la persecución de la homosexualidad y, de manera específica, decretaba el internamiento de los homosexuales en establecimientos de trabajo o colonias agrícolas. «Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especializadas y, en todo caso, con absoluta separación de los demás», señalaba en su artículo n.º 6. Se crearon juzgados especiales, aunque el de Málaga no llegaría hasta julio de 1958, viéndose los casos anteriores a esa fecha en Granada.

En 1970 se aprobó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que derogó la de Vagos y Maleantes, y que estableció una nueva jurisdicción heredera de la anterior, los juzgados de Peligrosidad Social. El de Málaga tuvo jurisdicción territorial también en las provincias de Granada, Jaén y Almería.

Los Beatles ya habían dado su concierto en España, y el hombre paseado por la Luna. Los hippies se habían asentado en Ibiza y llegaban turistas a millones. Pero la homosexualidad seguía perseguida. Esta ley de 1970 declaraba expresamente en su artículo segundo: «Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes: (…) 3º. Los que realicen actos de homosexualidad».

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En Torremolinos, en 1971, fueron detenidos más de 20 hombres acusados de actos contra la moral y actos homosexuales, según consta en una comunicación de la entonces denominada Policía Armada al Gobernador Civil de la Provincia, documento que se conserva en el Archivo Provincial.

Tratados como 'enfermos' y peligrosos, los homosexuales podían ser sometidos a medidas de hasta cinco años de internamiento en establecimientos de reeducación o centros psiquiátricos para su rehabilitación. Los 'invertidos' sexuales se dividían en dos clases, los genuinos, por nacimiento, y los ocasionales o viciosos.

Uno de estos centros de internamiento se encontraba en Huelva. Allí fue a parar Jorge, un joven profesor de idiomas, de 39 años. Según consta en su expediente, el juez de Málaga se dirige al de Huelva para que haga cumplir la sentencia firme dictada contra Jorge por su conducta homosexual, «el internamiento en un establecimiento de reeducación durante cuatro meses». Estamos ya en enero de 1972. Hace solo 47 años. Se calcula que 200 personas entre 1968 y 1979 pasaron por la antigua prisión onubense por su condición sexual. Allí la homosexualidad era 'tratada' como una enfermedad a extirpar, utilizándose terapias basadas en trabajos forzados, palizas, humillaciones y brutales prácticas, como descargas eléctricas

Mejor suerte corrió Magdalena, una joven de 20 años de Antequera, juzgada en 1974 y que estuvo en prisión provisional durante 12 días. En el juicio, el fiscal solicitó su internamiento durante al menos seis meses o la prohibición de residir en Málaga durante un año. El juez, en cambio, decretó su libertad sin condiciones.

Ya en democracia, la ley seguía en vigor, aunque los jueces dejaron de aplicarla. Una muestra es el caso, también conservado en el Archivo Histórico Provincial, de Luis, un joven estudiante jienense, de 19 años, juzgado por homsexualidad en 1977, y que quedó en libertad 'sin restricciones'.

La Constitución Española fue aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978. 20 días después, la homosexualidad dejó de ser considerada delito, al modificarse la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que eliminó algunos de los supuesto. Aunque la derogación total de la ley no llegaría hasta 1995, con la aprobación del nuevo Código Penal.

Son unos hechos tan recientes en el tiempo, que muchos de sus protagonistas aún viven. Por esto, en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de protección de datos de diciembre de 1999, se declaran confidenciales los archivos policiales de todos los reprimidos con esta ley, y solo los historiadores pueden acceder a sus datos con fines estadísticos.

La Ley de Memoria Histórica de Andalucía reconoce el carácter «radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas, de género y de orientación sexual». Y la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, también de 2017, establece y regula los medios y las medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad, dignidad e intimidad, independientemente de la orientación sexual, identidad de género o sexo registral presente o pasado, y a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad o expresión de género, en los ámbitos tanto públicos como privados.