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El problema que tienen muchos malagueños para acceder a la vivienda no va a provocar un cambio drástico en la política de la Junta de Andalucía en relación a la construcción de VPO, que seguirá manteniendo un perfil bajo. Así se desprende de las palabras efectuadas este lunes por la delegada del Gobierno de la Junta, Patricia Navarro, que ha dejado entrever que, a corto plazo, se descarta tomar la iniciativa de construir viviendas de este tipo a gran escala en la capital. La hoja de ruta para aliviar las tensiones de acceso a la vivienda pasa para la Junta por apoyar la labor que realiza el Instituto Municipal de la Vivienda y por mantener una estrecha colaboración con el sector privado, facilitando cualquier iniciativa que opte por levantar VPO a través de la canalización de subvenciones.
«En Málaga se da la particularidad de que tenemos un Instituto Municipal de la Vivienda muy proactivo y que, en esa labor de gestionar el parque público de viviendas, lo hace con mucho acierto desde nuestro punto de vista y de manera muy rigurosa», ha señalado Navarro. «Cuando tenemos ayuntamientos que tienen un organismo que hace una buena labor en materia de vivienda, lo que tenemos que hacer es subirnos a ese tren y hacer aquello que no se está haciendo para evitar duplicidades. Si el Ayuntamiento está promoviendo y construyendo vivienda pública de manera muy activa, nosotros tendremos que cubrir la demanda que no está cubriendo el Ayuntamiento», ha añadido.
En este sentido, Navarro ha precisado que la Junta mantiene una apuesta decidida por apoyar proyectos que van en la línea de fomentar el «alquiler asequible». «Entendemos que así estamos respondiendo a la demanda de un gran sector de la población, sobre todo, de los jóvenes. Son los que más dificultad tienen para acceder a la vivienda. Se quedan fuera porque los alquileres están desorbitados y porque tienen esos problemas de acceso a la financiación», ha señalado la delegada de la Junta en Málaga.
En este contexto cabe recordar que el propio Ayuntamiento, a través del alcalde, Francisco de la Torre, ha sido quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de construir 8.600 VPO. Mientras tanto, la Junta sigue acumulando suelos programados para viviendas protegidas que no se desarrollan. Cabe mencionar dos solares en la plaza de San Pablo (uno de ellos podría albergar 19 pisos), el de calle Gigantes (para unas 32 viviendas), en Cobertizo del Conde (con capacidad para 45), Parras (28), Agustín Parejo (50), y el proyecto para la recuperación del Corralón de las Dos Puertas (16), entre otros enclaves, como pequeños solares de la zona occidental del casco antiguo con capacidad para unas 33 viviendas.
La propia Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, por su parte, ha admitido que, en las actuales condiciones del mercado, a las empresas inmobiliarias no les interesa hacer VPO porque, con los costes del suelo y materiales al alza, no les pueden sacar beneficio.
Pese a este escenario complicado, Navarro ha mantenido que «si en algún sitio puede hablar el Gobierno andaluz de vivienda, es en Málaga». «Ha sido la provincia donde más vivienda se ha promovido desde la legislatura anterior. A través del programa del fomento del parque de viviendas se ha puesto a disposición de la promoción de vivienda subvenciones por el valor de 16,4 millones de euros, tanto promotores públicos como privados. Para desarrollar un total de once promociones en régimen de alquiler asequible. Cinco en Málaga capital, dos en Almargen y el resto repartidas entre Marbella, Coín y Tebas», ha detallado.
Consultada sobre la cuestión de las VPO con anterioridad por este periódico, fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ya explicaron que la Junta «no ejecuta» VPO pero sí se dedica a promoverla mediante la canalización de subvenciones para empresas constructoras y ayuntamientos.
Así, destacaron que la Sociedad Municipal de Viviendas de la capital ha podido iniciar los trabajos para 476 pisos en alquiler al oeste de la Universidad gracias a una ayuda de la Junta de más de 12 millones de euros, con cargo al plan estatal de viviendas. Asimismo, recordaron que la segunda fase de esa operación urbanística (530 pisos en alquiler) se va a dejar en manos de privados gracias a una inyección de 26 millones de euros que el Gobierno andaluz canaliza hacia el Consistorio desde los fondos europeos que reparte la administración central.
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