El Gobierno reafirma su «voluntad» de ceder la depuradora de Nerja al Ayuntamiento

Sin embargo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha rearmado este lunes «la voluntad» del Gobierno de ceder al Ayuntamiento de la localidad costera más oriental de la provincia la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), cuya construcción supuso una inversión de más de 26 millones de euros, financiados íntegramente por el Estado.

Así ha respondido Morán a la pregunta realizada en la Comisión de Transición Ecológica por el senador del PP por Málaga y también alcalde del municipio, José Alberto Armijo (PP), quien ha preguntado si el Gobierno «tiene voluntad de cumplir su compromiso» de cesión al Ayuntamiento, adquirido en 2020, que tras casi cinco años «no se ha cumplido» y ha lamentado que durante ese periodo «han cambiado tres veces de opinión» en cuanto a la fórmula de hacerlo.

Armijo, que ha recordado que la depuradora fue recepcionada por el Ministerio en 2021 y está gestionada por la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, ha señalado que en un primer momento plantearon «un convenio para iniciar un procedimiento patrimonial para transmitir la titularidad de la EDAR al Ayuntamiento», pero luego se comunicó que «ante la imposibilidad de tramitar dicho convenio, la figura jurídica sería la mutación demanial interadministrativa».

«Y, posteriormente, vuelven a cambiar de criterio y nos plantean la posibilidad de formalizar un convenio para la encomienda de gestión, que es lo que actualmente tienen en tramitación», ha señalado el regidor popular, según recoge la agencia Europa Press. El alcalde ha apuntado en su intervención en la comisión en el Congreso que «el pasado viernes recibimos una nueva versión en el Ayuntamiento sobre la que actualmente se está trabajando». Así, el alcalde ha preguntado si «esta última fórmula, la de la encomienda de gestión, va a ser la definitiva».

Moran ha admitido que ha habido «varios intentos en los cuales no ha habido posibilidad de aprobar los términos del traspaso», pero ha señalado que «la parte que corresponde al sistema de saneamiento ya fueron cedidos en 2021». «Es decir, sí hay esa voluntad de cederlo, no tiene el Ministerio vocación de gestionar unas instalaciones que son de vocación municipal», ha dicho el secretario de Estado, quien ha apuntado que «en cuanto el Ayuntamiento dé el visto bueno al convenio, a la última versión remitida, se firma el acta de cesión».

Armijo también ha trasladado a Morán una «preocupación» relacionada con la tarifa de utilización del agua y le ha preguntado si piensan «reconsiderar tan desafortunada y dañina decisión». Al respecto, el senador del PP ha apuntado que dicha tarifa «pretende compensar gastos, costes de inversión» y ha criticado que pretenden «aplicar un decreto del año 23 a unas obras recepcionadas en el año 21, una aplicación retroactiva un tanto sorprendente». La última reclamación asciende a casi 5,4 millones y alcanzaría los 14,8 millones a lo largo de los próximos 25 años. El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento nerjeño, con mayoría absoluta, presentó hace casi un año una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que decidirá si procede el pago de la tarifa propuesta por el Ministerio para 2024 y 2025.

«No sé si es que el Ministerio valora aplicar a partir de ahora retroactivamente esa tarifa a todas las obras declaradas de interés general y no solo al Ayuntamiento de Nerja», ha dicho el regidor nerjeño, quien ha apuntado que con respecto a los gastos de inversión, que también justificarían la aplicación de esta tarifa, «no tiene mucha justificación, teniendo en cuenta que las instalaciones actualmente son titularidad del Estado».

Asimismo, el alcalde y senador ha añadido que «lo más importante, esa tarifa pretende lógicamente cobrarse por la disponibilidad o utilización del agua, un agua que actualmente el Ayuntamiento de Nerja no puede utilizar, entre otras cosas porque está siendo tratada por el Ministerio con un sistema no terciario que impide su reutilización». «Por tanto, yo le pido encarecidamente que valore el Ministerio la reconsideración de esa dañina y equivocada decisión», ha concluido.

Sobre esta cuestión, el secretario de Estado ha explicado que «todas las inversiones que se hacen en el ciclo del agua, que van sujetas a tarifa, en último término asumen la aplicación de lo que la Directiva Marco del Agua dice y la propia Ley de Aguas, en el sentido de aplicar el principio de recuperación de costes, tanto en la parte que toca a la inversión, como la parte de gestión». «Y ahí no hay diferencia», ha apuntado.

Según ha asegurado Morán, «aunque la obra haya sido declarada de interés general del Estado, la obra viene sujeta al principio de recuperación de costes que tienen que abonar los usuarios en la tarifa»; porque, ha aseverado, según recoge la mencionada agencia, «la otra alternativa es que lo paguen los contribuyentes, incluso aquellos que no usan esa instalación».