La Junta pide una moratoria de la reforma local hasta que decida el Constitucional

Gobierno y Parlamento recurren al alto tribunal la ley al estimar que causará «un duro impacto» en los ciudadanos

MARÍA DOLORES TORTOSASEVILLA.

El Gobierno de la Junta y el Parlamento han decidido «plantar cara» a la reforma local del Gobierno de Rajoy merced a la mayoría que ostenta en ambas instituciones la coalición PSOE-IU. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un recurso al Tribunal Constitucional contra la llamada Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el pasado 1 de enero aunque de forma escalonada. Hoy será el Parlamento el que apruebe una iniciativa similar. Andalucía es la primera comunidad en recurrir la ley, aunque Cataluña también ha anunciado que lo hará. En paralelo, diputados de once grupos políticos promueven otro recurso con la adhesión de 3.500 ayuntamientos.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Política Institucional, Diego Valderas, pidió al Gobierno de Rajoy «lealtad institucional» al anunciar una reunión en la que solicitará una moratoria de su aplicación hasta que el Constitucional determine sobre la prevalencia del Estatuto de Autonomía sobre la ley. La Junta entiende que la norma invade las competencias en materia local recogidas en el Estatuto y supone «una doble vara de medir», ya que País Vasco y Navarra «tienen el privilegio de no aplicarla» en su totalidad. PNV y UPN fueron los únicos partidos que apoyaron al PP en su aprobación.

Valderas explicó tras el Consejo que la ley es «lesiva» para los ayuntamientos porque desmantela sus servicios sociales y de la administración autonómica, a la que le supondría un coste de 600 millones de euros hacerse cargo de los mismos. «El impacto es tremendamente duro», afirmó.

Estricta

Solo 25 de los 772 municipios andaluces son mayores de 50.000 habitantes. La ley es muy estricta con los pequeños ayuntamientos, de ahí parte principalmente la queja de la Junta. La norma contempla que los municipios de menos de 20.000 habitantes (691) deberán derivar a la administración autonómica los servicios que ahora presta como las oficinas de atención al consumidor, los servicios sociales, la atención a la mujer o los consorcios de transportes, pero sin recibir una financiación adicional para ello.

Solo en materia educativa el desajuste financiero de la Junta se calcula en 300 millones de euros, mientras que en materia de Igualdad y Bienestar Social ascendería a 162 millones de euros. La Consejería de Fomento y Vivienda tendría que destinar 16 millones de euros al transporte público sin tener en cuenta el gasto de personal.

En su día, el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, calculó en 8.024 millones de euros el ahorro que supondría a los ayuntamientos y por ende al Estado la aplicación de la ley. Para la Junta, este ahorro se quiere recaer sobre las espaldas de las autonomías o privatizando servicios. «Es una reforma restrictiva, nos devuelve a los tiempos preconstitucionales», dijo.

Calcula que se perderían 40.000 empleos, de los que 32.000 son de personas empleadas en servicios sociales, guarderías o ayudas a domicilio. También se verían afectadas 225 oficinas de información al consumidor y 169 centros de la mujer.

Críticas de Carmen Crespo

Con el de ayer y el de la ley Wert, anunciado para la próxima semana, serían ya nueve los recursos de la Junta a reformas del ejecutivo de Rajoy. La delegada del Gobiern, Carmen Crespo, considera que son ejemplos de «una estrategia de acción basada en la confrontación permanente contra el Gobierno de España que no ayuda a mejorar la situación económica, ni a crear empleo, ni a mejorar la vida de los andaluces». Considera que es la Junta la que ha asfixiado a los ayuntamientos.