La Junta formaliza la primera expropiación de una vivienda a la espera del recurso del Gobierno

La Junta de Andalucía tomó ayer posesión en Huelva de la primera vivienda expropiada para evitar su desahucio y se la entregó a la familia de María del Carmen Andújar, casada con Manuel Luis Romero y con dos hijos menores de edad.

Con este trámite, la citada familia podrá permanecer en la casa que no pudieron pagar hasta el 2 de enero de 2017 al haberse acogido a la ley andaluza de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. La Junta formaliza su primera expropiación a la espera del recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional contra la citada ley. El Consejo de Ministros del pasado día 13 de diciembre aprobó un recurso contra la norma andaluza por vulneración de sus competencias, pero ayer aún no lo había tramitado.

El Gobierno tiene de plazo hasta el día 9 de enero y lo habitual en estos casos es que el Constitucional suspenda la ley andaluza durante al menos cinco meses mientras delibera sobre su admisión a trámite. La suspensión no afectará a la casa de María del Carmen Andújar, una limpiadora que cobra menos de 300 euros mensuales y cuyo marido ha percibido una prórroga del paro de 400 euros. Evitarán esta vez el susto que se llevaron cuando el pasado verano el Gobierno recurrió el decreto antidesahucios que la Consejería de Fomento puso en marcha y el proceso quedó paralizado hasta que se aprobó la ley en octubre. El matrimonio y los hijos debían abandonar la casa el pasado 15 de mayo por impago de la hipoteca durante más de año y medio.

Otros expedientes

El recurso del Gobierno tampoco deberá afectar a la familia de Omar Abattouy, cuya vivienda en Torremolinos ha sido la segunda expropiada en Consejo de Gobierno, aunque aún no se ha formalizado la ocupación. Situación distinta es la de las 37 familias cuyos expedientes de expropiación han sido publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pero no han sido aprobados en Consejo de Gobierno. En teoría, podrían ser desahuciadas, pero lo más probable es que ante una situación de litigio el juez opte por aguardar a la resolución del Constitucional, según se espera en la Consejería que dirige Elena Cortés. Sobre los otros 115 expedientes que se están ultimando en las distintas provincias no hay tal confianza de que el juez no dé vía libre al alzamiento.

La tardanza en responder a las peticiones se debe al exhaustivo examen al que son sometidos los expedientes para que cumplan todo lo establecido en la norma andaluza. Un 20% de las 191 solicitudes, es decir 38 casos, han sido rechazados por no superar la renta o incumplir algún requisito. La renta familiar no debe ser mayor de los 542 euros, el nivel 3 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para que la Junta intervenga.

La expropiación de la Junta es temporal, solo de tres años, durante los cuales la familia deberá abonar una renta de 135 euros mensuales en el caso de la de Huelva, el equivalente al 25% de sus ingresos. Fomento paga 4.711 euros a la entidad expropiada, un fondo de inversiones llamado AYT Mixto III.