El embajador británico abordará con el Gobierno el problema de las casas ilegales en la Axarquía

Salvemos Nuestras Casas expone a Simon Manley la problemática de los residentes ingleses en la comarca y necesidad de buscar soluciones

AGUSTÍN PELÁEZVÉLEZ-MÁLAGA.
Bryan Reade, Maura Hillen, Simon Manley y Philip Smalley. ::                             SUR/
Bryan Reade, Maura Hillen, Simon Manley y Philip Smalley. :: SUR

El nuevo embajador británico en España, Simon Manley, tratará con varios ministros del Gobierno central el problema de las viviendas ilegales en el campo. Al menos, así se lo ha transmitido el diplomático esta semana a dos de los principales colectivos de residentes ingleses afectados por la problemática de las casas ilegales en Andalucía, Save Our Homes de la Axarquía -en español Salvemos Nuestras Casas- (SOHA) y Abusos Urbanísticos Almanzora, en la provincia de Almería.

Según el presidente de Soha, Philip Smalley, el encuentro con el embajador, que tuvo lugar el pasado lunes en Málaga capital, tenía como finalidad trasladar la visión de los residentes ingleses afectados, así como las acciones que los dos colectivos están llevando a cabo para tratar de conseguir la legalización de sus viviendas.

«Esta es la primera vez que un embajador de nuestro país en España se interesa por nuestra situación, por lo que para nosotros ha sido muy importante, teniendo en cuenta que seguimos pensando que el decreto 2/2012 de la Junta que regula el régimen de las edificaciones en el suelo no urbanizable no nos convence. El embajador nos ha asegurado que se va a reunir con varios ministros del Gobierno español para abordar el problema. Lo que esperamos de esa gestión es que pueda presionar para acabar con el miedo constante que tenemos a una posible demolición de nuestras casas», declaró Smalley.

Los miembros de Soha, que agrupa a más de 400 ciudadanos extranjeros con viviendas irregulares en la comarca, tienen en común haber construido sus casas con licencia municipal, aunque las mismas han sido posteriormente anuladas por los juzgados de los Contencioso Administrativo tras ser recurridas por la Junta de Andalucía.

«Construimos o compramos nuestras casas de buena fe, de ahí que no nos sintamos satisfechos con la solución dada por la Junta de Andalucía. Los que tenemos licencias anuladas no podemos aspirar a la legalización y quienes no la tienen lo más a los que pueden aspirar a que sean declaradas como asimilado a fuera de ordenación, algo con lo que no estamos de acuerdo puesto que no es una legalización», declaró.