Junta y ayuntamientos liberan 130 millones para liquidar su deuda con proveedores

Un tercio de los 12.000 negocios que han echado el cierre o han entrado en concurso de acreedores en la provincia desde que estalló la crisis lo ha hecho por culpa de la mala costumbre de las administraciones públicas de no pagar sus facturas en tiempo y forma. El dato, demoledor, lo aporta la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para reflejar las graves consecuencias que la morosidad pública ha provocado en el tejido productivo malagueño. Los dos primeros planes de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno central aliviaron considerablemente la situación de miles de empresarios y autónomos al permitir el abono de unos 300 millones de euros de facturas acumuladas hasta el cierre de 2011. ¿Se puso el contador a cero? Debería haber sido así, pero el paso del tiempo demostró que estos balones de oxígeno fueron pan para hoy y hambre para mañana, puesto que los ayuntamientos y la Junta de Andalucía seguían guardando las facturas en el cajón. Los números no engañan, y éstos dicen que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013 las instituciones públicas han acumulado en la provincia un débito que en su conjunto supera los 130 millones de euros, según las cuentas de la patronal.

Para que las empresas y autónomos puedan cobrar de una vez por los trabajos realizados en ese periodo, a partir de hoy se hace efectiva la tercera y última oportunidad para que las administraciones liquiden su deuda, una vez que el Estado ha empezado a abonar a los proveedores de las comunidades autónomas y consistorios los recibos incluidos en el tercer mecanismo extraordinario de financiación. Para agilizar el cobro, el Banco de España ha autorizado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que ingrese el dinero directamente en la cuenta corriente de las empresas que se han acogido a este plan (algunas no lo han hecho porque acudieron a los juzgados para reclamar el cobro de la deuda y no renunciar a los intereses de demora). El dinero no pasará por las manos de las instituciones morosas, pero sí que tendrán que devolver hasta el último céntimo prestado a un interés de hasta el 5,9%. Si no cumplen, el Ministerio de Hacienda se encargará de cobrárselo detrayendo el dinero de la partida que les corresponden a las entidades autonómicas y municipales de la participación en los tributos del Estado.

Orden de prioridades

La principal novedad respecto a las dos ediciones anteriores es que en esta tercera fase se ha escalonado el pago de las facturas para darle prioridad a los servicios considerados esenciales, que empezarán a abonarse a partir de hoy y en el que entran los conciertos sanitarios (clínicas y hospitales privados) y educativos (guarderías y colegios), así como la prestación de servicios sociales (ayuda a domicilio, teleasistencia y gastos de atención a la dependencia) y las subvenciones para investigación, desarrollo e innovación. Este paquete conforma el grueso de los primeros 631,5 millones de euros por los que se endeudará la Junta, en el que también se incluyen por primera vez las transferencias pendientes a las universidades, a los ayuntamientos e incluso a las ONG que trabajan en la atención a discapacitados, menores y la tercera edad.

A este primer tramo le seguirá un segundo por importe de 1.647,8 millones para liquidar facturas emitidas hasta el 31 de mayo de 2013 por contratos de obra pública, encomiendas de gestión o concesiones. Dicho de otro modo, las constructoras serán las últimas en cobrar, previsiblemente entre febrero y marzo de 2014. Como viene siendo habitual, la Consejería de Hacienda no facilita datos provincializados, pero el montante que llegará a pymes y autónomos de Málaga rondará los cien millones.

Una cuantía a la hay que sumar los 41 millones que han solicitado las entidades municipales de la provincia. Por volumen, la mayor partida saldrá de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, con un crédito de 17,7 millones a devolver en diez años para saldar la única deuda que mantiene viva con un proveedor, la concesionaria del complejo medioambiental de Casares (Urbaser), que además es fruto de los impagos de los ayuntamientos de sus respectivas cuotas. Además, destacan los 12,2 millones pedidos por Rincón de la Victoria para pagar a 280 empresas, los 8,6 millones de Benalmádena para 190 proveedores y los 6,2 de Vélez Málaga para 1.697 facturas.

«Estos planes de pago son una de las mejores medidas adoptadas por cualquier gobierno, independientemente del color que sea, porque sus efectos son directísimos y eso no sólo da estabilidad económica y financiera para garantizar la supervivencia de miles de empresas, sino que también contribuye a la generación de empleo», afirma el presidente de la CEM, Javier González de Lara, quien asegura estar «encantado» con esa inyección de liquidez de 130 millones en unos momentos en los que los bancos siguen sin abrir el grifo del crédito.

También esperan el dinero como agua de mayo los constructores, a los que las administraciones adeudan unos cien millones de euros, sin contar las facturas que no estaban consignadas y las de los que han acudido a la vía judicial. «Somos los últimos en cobrar, pero mientras cobremos... Nos va a venir muy bien» apunta la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores, Violeta Aragón, quien advierte del riesgo de que la historia vuelva a repetirse: «desde mayo no se ha abonado nada aún; parece que vuelven a las andadas y esperan la llegada de otro plan de pago cuando desde el Gobierno ya han avisado de que será el último». Ante esta esta situación, Aragón propone que cuando un ayuntamiento se exceda de los 60 días de plazo máximo que establece la Ley de Morosidad, sea el Estado el que abone la factura al proveedor y luego se la cobre a los consistorios de la participación de los tributos estatales. «Es la única forma», remarca.

días tienen que esperar de media los empresarios y autónomos andaluces para cobrar las facturas del conjunto de las administraciones del Estado (Gobierno, Junta y ayuntamientos), pese a que la Ley de Dependencia establece un máximo de 30 días, ampliable hasta 60 para situaciones excepcionales.