Nuestro Código Penal castiga determinados delitos relacionados con la corrupción, además de con penas de prisión, con otras accesorias como la inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público o la suspensión para el desempeño de los mismos.

La diferencia entre una y otra radica en que la inhabilitación produce la privación definitiva de los honores, empleos o cargos públicos que se ostenten y la incapacidad para obtener los mismos o análogos durante el tiempo de la condena, mientras que la suspensión únicamente provoca la privación para el penado de ejercitarlos en un periodo temporal determinado.

Cumplida la condena, el inhabilitado podría en teoría volver a ser investido en su cargo si vuelve a ganar la oposición, si es funcionario, o a ser elegido, si es un político, mientras que el suspendido recuperará su posición de forma directa, si bien, para el caso de los funcionarios, la Ley de Funcionarios Civiles dispone que la imposición de esta pena supondrá la pérdida del puesto de trabajo.

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