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Los actuales valores catastrales fueron calculados en 2008. :: SUR
El Ayuntamiento quiere una bajada de los valores catastrales para 2015
MÁLAGA

El Ayuntamiento quiere una bajada de los valores catastrales para 2015

La medida, que deberá ser autorizada por el Gobierno, afectaría a los impuestos de sucesiones y transmisiones de la Junta y al IBI, entre otros

JESÚS HINOJOSA

Lunes, 30 de septiembre 2013, 14:20

El Ayuntamiento de Málaga se guarda un as en la manga para paliar el perjuicio que supone para los bolsillos de los ciudadanos el llamado 'catastrazo'. En la ciudad se encuentran actualmente en vigor unos valores catastrales calculados en el año 2008 que cada vez tienen menos que ver con la realidad actual de precios y tasaciones de los inmuebles tras el bajón que ha supuesto la crisis económica. De ahí que los contribuyentes vean desorbitadas las cantidades que tienen que pagar por algunos impuestos como los de transmisiones patrimoniales y sucesiones que cobra la Junta de Andalucía -asesores fiscales y notarios han denunciado días atrás el «afán recaudatorio» del Gobierno regional en ese sentido-, y por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que este año ha experimentado una notable subida para la mayor parte de las viviendas de la capital tras cuatro años de contención de los nuevos valores catastrales por parte del equipo de gobierno municipal.

Ese as en la manga ya fue apuntado por este periódico (ver SUR 9/7/2013) y, pese a que desde el Consistorio no terminaban de estar seguros de sus efectos en el objetivo de aminorar la subida de valores catastrales en Málaga que se produjo en 2009 y aún sigue vigente, finalmente será utilizado aunque su aplicación no podrá producirse hasta 2015.

Se trata de una modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario en vigor desde finales del año pasado que permite a los ayuntamientos solicitar una revisión o actualización de los valores catastrales vigentes siempre que se cumplan dos condiciones indispensables: que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de la última ponencia de valores y «que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio».

Para el equipo de gobierno, Málaga es uno de los casos más claros de localidades que pueden beneficiarse de esta herramienta, por lo que el Ayuntamiento pedirá al Ministerio de Hacienda esa actualización de los valores catastrales a principios de 2014 -debe hacerlo antes del 31 de enero- de forma que entre en vigor para el año 2015. En caso de que el Gobierno lo autorice, se conseguiría aplicar para toda la ciudad un coeficiente común de actualización del catastro que, previsiblemente, será a la baja pero sin tener previamente fijado un intervalo de reducción concreto.

Decisión política

Según fuentes consultadas, podría ser del 15% o del 10%, o incluso superior o inferior a esos porcentajes. En todo caso, su efecto sería inmediato en las cuotas tributarias de los malagueños, salvo que las administraciones que se encargan de modular cada uno de los impuestos que toman como base los valores oficiales de los inmuebles adopten medidas para que no se desplome su recaudación, por lo que todo dependerá de la decisión política que se adopte en cada caso.

Los impuestos que toman como base el valor catastral son el IRPF, los de transmisiones patrimoniales y sucesiones que cobra la Junta, y el IBI y las plusvalías del Ayuntamiento. En el caso del IBI y las plusvalías, el Consistorio podría adoptar una subida del tipo impositivo para evitar que una hipotética caída de los valores haga que se desplome también la recaudación municipal. Igualmente, el Gobierno andaluz posee resortes para compensar esa previsible bajada. En cualquier caso, la decisión de pedir esa actualización del catastro para Málaga obligará a las administraciones a reaccionar y replantearse las bases de una presión fiscal que para una gran mayoría de los ciudadanos representa una injusticia en estos momentos de recesión económica.

El impuesto de sucesiones, que en Andalucía se aplica a los bienes que tengan un valor superior a 175.000 euros, es de los más caros de España al no existir las bonificaciones que en otras comunidades autónomas casi eliminan la cuantía a pagar.

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