La presión fiscal ahuyenta a los turistas residenciales

UN clima excelente, unas buenas infraestructuras públicas y privadas y un amplio catálogo de servicios de lujo. Ingredientes de los que presume la Costa del Sol, que despiertan los recelos de destinos competidores, pero que resultan insuficientes si de lo que se trata es de mantener e impulsar el mercado del turismo residencial extranjero. La política fiscal y la legislación de extranjería en España empiezan a inclinar la balanza en un difícil equilibrio que pone en peligro uno de los sectores económicos más pujantes en la Costa. «Tener el mejor clima ya no es suficiente para convencer a una gran mayoría». Jolanta Jarczewska, presidenta de la Asociación de Residentes Extranjeros de Andalucía y empresaria inmobiliaria en Marbella resume de esta forma una situación de la que se habla, y mucho, dentro y sobre todo fuera de nuestras fronteras.

La alta fiscalidad, los problemas para renovar permisos de residencia y la desconfianza de las entidades financieras son las principales quejas de los ciudadanos extranjeros que, según empiezan a denunciar, no encuentran un panorama especialmente 'amable' a la hora de invertir parte de sus fortunas en suelo español. La reciente Ley 7/2012 contra el fraude fiscal, que obliga a estos inversores a declarar a la Agencia Tributaria todas las propiedades, cuentas o bienes que posean en su país de origen, no ha hecho más que poner la puntilla al creciente malestar. Las consecuencias pueden tener daños irreparables. Unos se plantean hacer las maletas rumbo a destinos con una fiscalidad más competitiva. Otros, empiezan a dar marcha atrás a incipientes negocios programados desde sus propios países.

«Son cada vez más numerosos los extranjeros residentes en España que me comunican su deseo de renunciar a su estancia en nuestro país», asegura Ricardo Bocanegra, abogado y presidente de la Federación de Asociaciones de Extranjeros en la Costa del Sol. Con más de 30 años de experiencia en el asesoramiento de ciudadanos extranjeros, no oculta su preocupación por las consecuencias. «Es una medida que no conduce a nada y lo único que hace es espantar a los extranjeros (comunitarios y no comunitarios) que no entienden qué interés puede tener el fisco español en conocer los bienes que tengan en su país. Muchos deciden hacer las maletas, dejar de pagar el IRPF en España y trasladar su residencia fiscal a otros países», asegura.

Pedro Fernández, del despacho de abogados Garrigues, es tajante al hablar del asunto: «el nivel de confusión e incertidumbre al que sometemos a nuestros invitados se hace insoportable para muchos de ellos», y remata: «la guinda ha sido la obligación de declarar los bienes en el exterior. Incluso los que declaraban todos sus ingresos y patrimonio la han vivido con amargura por la amenaza de importantes sanciones si los datos aportados no se ajustaban con exactitud al alambicado firmado exigido por Hacienda».

«El hecho de que un extranjero se haga residente en España supone la consiguiente residencia fiscal y eso a muchos no les interesa porque la tributación que tenemos en España no es competitiva. Están obligados a tributar por la renta que tengan disponible en cualquier lugar del mundo y eso les echa para atrás», sostiene, por su parte, Felipe Martínez de Mármol, abogado del despacho Martínez Echevarría. El bufete abrió el pasado mes de julio su primera oficina en Moscú precisamente con el objetivo de asesorar a empresarios que han puesto sus ojos en la Costa del Sol para invertir. «El que quiere venir, viene con todas sus consecuencias, pero es cierto que a muchos les frena la presión fiscal. Por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones, en Andalucía, es donde se aplica la mayor tasa», asegura.

Aunque, como reconoce Pedro Fernández, es el Impuesto sobre el Patrimonio «el que más duele». «No entienden lo de tener que pagar aquí aunque no ganen dinero». El abogado apuesta por una «discriminación positiva» para el turista residencial basada, por ejemplo, en la creación de una nueva categoría de residentes con tributación, en todos los impuestos, limitada a los bienes situados y rentas procedentes de, o remitidas a, España; o la reducción del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio para no recientes, y la eliminación de la imputación de renta inmobiliaria presunta.

Propuestas

Abogados y profesionales de la Costa del Sol llevan meses reclamando al Ejecutivo central medidas encaminadas a suavizar la presión fiscal a la que se enfrentan estos inversores. Es el caso de la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad (DOM3) que ha elaborado un documento bautizado como Estatuto del Turista Residencial. Su presidente, Javier Herrero, define el decálogo como «una serie de medidas que habría que aplicar para que la entrada, estancia y salida del inversor extranjero sea lo más amable posible y sin trabas».

Svetlana Ciliuta, empresaria rusa afincada en Marbella desde hace 16 años, conoce de primera mano el malestar de sus compatriotas. «Los empresarios que vienen de mi país a invertir aquí no se acostumbran a las leyes y a la burocracia españolas». Reconoce el rechazo existente hacia la acumulación de exigencias del Gobierno. «Muchos se cansan de tanta norma y burocracia y terminan desistiendo. Con las pocas ventas que hay es un crimen que se pongan tantas trabas», asegura. Ciliuta, presidenta además de la asociación de residentes rusos Nashdomm, introduce una pieza más en el complicado tablero de juego: la presión de los bancos. «La inversión se frena igualmente por los inconvenientes que impone el mercado bancario a la hora de prestar dinero a los residentes y no residentes. Los trámites se eternizan. Les piden un documento tras otro. Luego no les vale la traducción hecha en Rusia, por ejemplo, y piden otra redactada en España. Desconfían de estos clientes que lo único que pretenden es invertir su dinero aquí».

Los profesionales consultados coinciden en que la aplicación de las normas antiblanqueo, aunque son comunes en el conjunto de Europa, se ejecutan con especial rigor en España, de modo que se termina tratando al inversor como un presunto delincuente. «Hace días el presidente de un banco de Moscú me comentó que en el último mes tres clientes que iban a comprar una vivienda en Marbella vieron rechazadas y devueltas sus transferencias por parte de bancos españoles. Finalmente estas personas se han ido a Bulgaria, Croacia y a Montenegro», explica Ricardo Bocanegra.

Las obligaciones fiscales y las trabas bancarias se completan con las dificultades que muchos de estos extranjeros están encontrando a la hora de renovar sus permisos de residencia. «Se dan circunstancias como que en una misma familia, establecida ya en España, al padre -que es quien más suele viajar fuera- se le deniegue el permiso porque no ha permanecido un mínimo de seis meses, y a la mujer a sus hijos, sí», sostiene Bocanegra.

La recién aprobada Ley de apoyo a los Emprendedores, pendiente de entrar en vigor con su publicación en el BOE, pondrá fin a situaciones como la ilustrada por el presidente de la Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa del Sol, al eliminar el requisito de permanencia obligatoria en España un mínimo de seis meses al año. La concesión del nuevo visado de residencia para extranjeros inversores será suficiente para residir al menos un año. Para estancias más largas se deberá pedir una autorización de residencia para inversores que tendrá como requisitos haber viajado a España al menos una vez durante el periodo autorizado para residir.

Todo ello, independientemente de la posibilidad que otorga esta ley de obtener el visado de residencia para inversores que adquieran un inmueble con una inversión igual o superior a los 500.000 euros por solicitantes.

Bocanegra aplaude la medida pero habla de «una trampa en la que el legislador no ha reparado». Se refiere al artículo 148 de la Ley de Extranjería, que establece que a los cinco años de residencia continuada en España el titular de un permiso de residencia podrá obtener el permiso de larga duración siempre que no haya estado fuera de España más de 10 meses en el transcurso de los cinco años. «Este requisito no lo puede cumplir casi nadie. La inmensa mayoría de los extranjeros residentes salen de España más de dos meses cada año. Y no solo los hombres de negocio, sino sus hijos, que se marchan de vacaciones».

Hasta la obtención del Número de Identificación de Extranjero (NIE), exigido a quienes, por sus intereses económicos, profesionales o sociales se relacionen con España, se convierte en un problema. «No es lógico que tengan que soportar largas colas en una comisaría», explica Felipe Martínez, de Martínez Echevarría.