El 'banco malo' condona el 45% de una deuda de 8 millones a Vera, que atisba la salida del concurso

Una vez superado el parón del verano, Construcciones Vera ha retomado los trámites y negociaciones encaminados a lograr su salida del proceso concursal, en el que entró el pasado febrero. La segunda mayor constructora de la provincia tiene el firme propósito de firmar el convenio de acreedores antes de final de año. Sus administradores concursales son «optimistas» al respecto, ya que acaba de conseguir un importante hito. El Sareb, más conocido como 'banco malo', ha aceptado aplicar una quita del 45% y un aplazamiento de siete años para un crédito de unos 8 millones de euros que le adeuda la empresa malagueña.

Dicho débito procedía de Caixanova, entidad que al ser intervenida por el Estado volcó sus activos 'tóxicos' (incluidos préstamos a constructoras) al Sareb. Esta institución controlada por el Gobierno ya ha manifestado su adhesión a la propuesta de convenio de acreedores de Vera, aunque aún tiene que formalizar su representación para que la jueza del mercantil número 2 de Málaga la acepte. Este crédito procedente de Caixanova no es el único que Vera tiene pendiente con el 'banco malo'. Con los demás «también se está trabajando», según apuntan desde la administración concursal.

Por lo pronto, la constructora ha conseguido superar con holgura el nivel de adhesiones que necesita para que su propuesta de convenio de acreedores (que incluye una quita del 45% y un aplazamiento de siete años) salga adelante. Concretamente el 60% de la deuda ordinaria (es decir, sin incluir a las administraciones públicas) respaldaría ya el convenio, cuando el mínimo exigido es el 50%. Hay que recordar que Construcciones Vera acumula un pasivo de 79,4 millones de euros repartido entre más de 500 reclamantes: desde autónomos y pequeños proveedores hasta bancos e instituciones. La administración concursal espera que la junta de acreedores pueda celebrarse en octubre. A partir de entonces, la empresa enfilaría la salida del concurso.

En paralelo al trabajo con los acreedores ordinarios, la empresa está tramitando convenios singulares con las dos administraciones del Estado a las que debe dinero: Agencia Tributaria (8 millones de euros) y Seguridad Social (un millón). A estas instituciones no se les puede pedir una quita, pero sí un aplazamiento de pago, que en este caso sería de siete años. La compañía ya ha presentado las solicitudes correspondientes y está esperando respuesta. No obstante, aunque rechazaran este fraccionamiento el convenio ordinario de acreedores podría salir adelante.

Vera se ha marcado como objetivo no llegar a cumplir un año en proceso concursal. Eso sería un logro que pocas empresas en su situación han conseguido, aunque tal y como están avanzando las negociaciones podría conseguirlo. No obstante, después de cruzar la puerta de salida del juzgado tendrá que afrontar un reto no menos complejo: enfrentarse un mercado de obras públicas prácticamente paralizado.