Bruselas niega que cuestione el decreto sobre los desahucios, pero lo examinará

Bruselas no cuestiona la legalidad del decreto andaluz sobre la función social de la vivienda que prevé expropiaciones a los bancos para frenar los desahucios, pero sí está interesado en examinarlo para comprobar su impacto en las condiciones del rescate a la banca. Lo hará la próxima semana, cuando una comisión de la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) viaje a Madrid para evaluar las reformas económicas del Gobierno. Así lo anunció ayer el portavoz comunitario de Asuntos Económicos, Simon O'Connor, quien también negó que el departamento de Olli Rehn enviase una carta formal al ministro de Economía español, Luis de Guindos, advirtiéndole sobre el decreto andaluz, que también contempla sanciones de hasta 9.000 euros por las viviendas vacías de las entidades bancarias.

Ambas aclaraciones provocaron una reacción furibunda del Gobierno andaluz, cuyo portavoz, Miguel Ángel Vázquez, acusó el Ejecutivo de Rajoy de «mentir» intencionadamente sobre la comunicación de la Unión Europea para «desacreditar» la medida social de Andalucía contra los desahucios. Vázquez recordó las dudas del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre la existencia de la carta. Griñán llegó a manifestar que si eso era así, «Europa no merece la pena».

El portavoz de Olli Rehn sí admitió que ha habido una comunicación con el Gobierno español para interesarse sobre el decreto andaluz. Una carta formal hubiera significado una apertura de un expediente sobre el decreto andaluz. El ministro De Guindos manifestó que la comunicación «no tiene por qué ser una carta» y sugirió que había sido por correo electrónico.

El portavoz comunitario advirtió de que España debería consultar decisiones de este tipo antes de tomarlas tal y como especifica el Memorando de Entendimiento, firmado entre España y sus socios comunitarios para regular el rescate de cien mil millones de euros, aunque solo se han tomado 40.000 millones.

La petición de explicaciones es la forma habitual de proceder de la Comisión. Esta habrá visto que el decreto andaluz puede tener impacto en el rescate bancario y pide aclaraciones. Ahora lo examinará la troika junto al Gobierno y determinará si tiene algún impacto sobre los objetivos del saneamiento de la banca. En caso de que lo tuviera, el escenario más probable es que se tomen medidas compensatorias.

«No es de recibo que un memorándum que es secreto, que no forma parte del ordenamiento jurídico, se ponga por encima de la Constitución y del Estatuto», manifestó ayer en Barcelona la consejera de Fomento andaluza, Elena Cortés, según Europa Press.

La consejera consideraría «sorprendente» que la troika apercibiese el decreto antidesahucios de la Junta cuando todavía se está tramitando, teniendo en cuenta que el Tribunal de Luxemburgo ha tardado 20 años en apercibir al Gobierno central por incumplir mediante la ley hipotecaria la normativa comunitaria de protección de los consumidores.