El decreto para regularizar las casas en el campo sigue sin tener efectos en la Axarquía

Diez meses después de la entrada en vigor de la normativa autonómica la mayoría de los dueños no han movido ficha para legalizar sus viviendas

AGUSTÍN PELÁEZVÉLEZ-MÁLAGA.
La Axarquía es la comarca malagueña con mayor número de edificaciones ilegales en el campo. ::
                             EUGENIO CABEZAS/
La Axarquía es la comarca malagueña con mayor número de edificaciones ilegales en el campo. :: EUGENIO CABEZAS

El Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la Comunidad sigue sin convencer a los propietarios de viviendas ilegales en el campo de la Axarquía. Tanto es así, que diez meses después de la entrada en vigor de la normativa autonómica sus efectos son prácticamente nulos, toda vez que la inmensa mayoría de los dueños de casas irregulares en la comarca siguen sin solicitar su legalización.

Tampoco los ayuntamientos están haciendo sus deberes. Sólo una mínima parte han elaborado el avance de asentamientos en el suelo rústico para facilitar la regularización. Se trata de un documento clave exigido por el propio Decreto 2/2012, que establece que en ausencia de PGOU los consistorios deben elaborar un avance de planeamiento, que tendrá le carácter de ordenanza municipal. Este avance tiene como finalidad identificar los lugares de alta concentración de edificaciones en suelo no urbanizable.

La mayoría de los ayuntamientos tampoco tienen redactada la ordenanza sobre las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad que deberán cumplir los asentamientos, hábitats rurales diseminados y las casas irregulares aisladas.

El motivo es que muchos de ellos están esperando a que la Junta apruebe las normas directores que deben servir de orientación a los ayuntamientos para establecerlas en sus planes generales o, en ausencia de esta regulación, mediante ordenanzas municipales.

Aunque la preocupación entre los propietarios de viviendas ilegales es bastante grande, la realidad es que casi un año después de la entrada en vigor del Decreto de regularización, muy pocos han sido los que se han dirigido a los ayuntamientos para pedir la legalización de sus casas, en algunos casos aconsejados por los propios consistorios, y en otros porque los propios dueños no están conformes con las soluciones que les ofrece la Junta.

Un ejemplo de la situación que se está dando en la Axarquía es Alcaucín, donde existen unas 1.800 viviendas pendientes de regularizar. Sin embargo, sólo dos propietarios han pedido la legalización de sus casas. El Consistorio está a la espera de que la Junta apruebe el avance de los asentamientos, documento con el que espera legalizar medio millar de viviendas.

Fuera de ordenación

Para los dueños de las casas ilegales, el problema del decreto es que lo único que les ofrece es un reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, figura que aseguran no conlleva la legalización de sus inmuebles y por tanto no les resuelve nada.

En municipios como Alcaucín, donde el 90% de las viviendas construidas en suelo no urbanizable se edificaron con licencia municipal, los propietarios no están dispuestos a renunciar a dicha licencia para pasar a ser asimilado a fuera de ordenación.

En la comarca de la Axarquía se estima que existen unas 20.000 viviendas y edificaciones ilegales, mientras que en la provincia rondan las 50.000.