La deuda pública con empresas malagueñas sigue sin freno y ronda ya los 200 millones

Hace apenas medio año, unos siete mil empresarios y autónomos malagueños tomaron oxígeno gracias al plan extraordinario de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central que puso a disposición de Junta y ayuntamientos más de 300 millones de euros para que redujeran la enorme deuda que tenían acumulada al cierre de 2011. Desde entonces, esa sensación de alivio se ha ido diluyendo en el tejido empresarial de la provincia para dejar paso a la certeza de que la iniciativa fue pan para hoy y hambre para mañana. ¿La razón? Las administraciones públicas han vuelto a las andadas de forma que mientas presumen de crear empleo con las obras y servicios que realizan, siguen con la mala costumbre de guardar en el cajón las facturas. La realidad a día de hoy es que la morosidad sigue creciendo como una bola de nieve situándose ya en los 200 millones de euros, según las estimaciones de las organizaciones patronales teniendo en cuenta los impagos acumulados a lo largo de este año, pero también los del último trimestre de 2011 que no fueron fiscalizados y, por tanto, no se incluyeron en el plan estatal. De esta cuantía, unos 130 millones corresponden a la Comunidad Autónoma y el resto, a los municipios (entre los grandes, las excepciones son Málaga y Alhaurín de la Torre, que pagan en tiempo y forma). Los peor parados, los constructores, a los que les deben unos 162 millones, mientras que, por tipología, el mayor peso de los impagos (168,8) recae fundamentalmente en las pymes y autónomos.

Ante esta situación, los empresarios ya están alzando la voz para pedir al Ministerio de Hacienda la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de pago a proveedores en 2013 «ya que lo se concibió como una acción extraordinaria se ha convertido en indispensable para que los empresarios puedan conseguir liquidez y capacidad financiera para afrontar la crisis con más músculo». Así lo asegura su máximo representante en la provincia, Javier González de Lara, quien advierte del «elevado número de negocios que están al límite de la supervivencia». En cualquier caso, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) se muestra especialmente reivindicativo a la hora de poner fin a la «permanente morosidad de las administraciones». En ese camino hacia una solución definitiva, el dirigente de la patronal aboga por la creación del estatuto del proveedor, un registro único de facturas para lograr un mejor control de las mismas y, por último, un mayor rigor presupuestario por parte de los organismos públicos.

Abonar el IVA sin cobrar

El otro gran caballo de batalla, aunque con la misma raíz, está en la legislación tributaria que obliga a los empresarios a abonar el IVA de las facturas aunque aún no las hayan cobrado, con lo que se da la paradoja de que los afectados acaban financiando al deudor. Mariano Rajoy se comprometió durante la campaña electoral a modificar esta normativa para que el pago se efectúe una vez que se haya cobrado, pero un año después de su llegada a La Moncloa, nada ha cambiado, más allá de la subida del IVA (del 8 al 10% el reducido y del 18 al 21% el general).

«Nos están asfixiando cada vez más», se queja el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor. Con los números en la mano, no le falta razón, ya que la morosidad pública está detrás del cierre de uno de cada cuatro negocios en la provincia. «Lo más escandaloso es que sean las propias administraciones las que condenen a los autónomos y a las pymes a bajar la persiana para siempre; por eso les pedimos que hagan un ejercicio de responsabilidad y que cada uno gaste lo que pueda, igual que hacemos los ciudadanos», recalca. Según la última encuesta realizada por el colectivo, los organismos públicos andaluces deben 789 millones de euros, de los que una quinta parte (168,8 millones) debería estar ya en las cuentas corrientes de empresarios malagueños. En cuanto al retraso en sí, el plazo medio que tienen que esperar para cobrar es de 166 días, muy lejos de los 45 fijados como máximo por la Ley de Morosidad para este año, y mucho más aún de los 30 establecidos para 2013 para cumplir la legislación europea que regulará el pago a proveedores por parte de empresas y el sector público.

Frente a estos incumplimientos, poco pueden hacer los proveedores. «Si fueran una empresa privada tendríamos que ponerle una querella criminal porque están jugando con el futuro de miles de trabajadores», advierte el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, quien recuerda que «detrás de una certificación de obra no pagada hay tragedias familiares». «Los políticos se apuntan el triunfo anunciando las inversiones que acometen pero lo que no dicen es que no las pagan», añade. En este sentido, el máximo exponente del sector del ladrillo en la provincia denuncia que la morosidad se ha generalizado en los grandes ayuntamientos, «salvo casos como el de Málaga, que es un ejemplo a seguir (actualmente paga en 25 días), o Marbella y Estepona que, dentro de sus posibilidades, están haciendo grandes esfuerzos para ponerse al día».

Donde no encuentra excepciones es a la hora de dirigir sus críticas hacia la Junta de Andalucía. No en vano, prácticamente el 75% del dinero que les deben es de trabajos realizados para la Administración autonómica, a lo que hay que sumar «la puntilla» que supone para el sector el decreto ley de protección del litoral que paraliza los proyectos urbanísticos que se encuentren a menos de 500 metros de la costa. «Parece que no se dan cuenta de que tanto los impagos como las políticas que están llevando a cabo en materia urbanística son una losa para el empleo», remarca.