Más de medio centenar de viviendas afectadas por el incendio son ilegales

Mijas solicita a la Junta que autorice la reconstrucción o la reparación de estas casas, sin que haya ningún tipo de mejora

NIEVES CASTRO MARBELLA / MÁLAGA.
Imagen aérea de una de las zonas afectadas por las llamas, que se han extendido por seis municipios. :: Salvador Salas/
Imagen aérea de una de las zonas afectadas por las llamas, que se han extendido por seis municipios. :: Salvador Salas

La calma se impone poco a poco sobre las cenizas y con ella la hora de hacer balance de los daños ecológicos y materiales que ha causado el incendio en los seis municipios de la provincia por los que se ha extendido. Aunque aún no existe una cifra oficial de viviendas afectadas por las llamas y que, previsiblemente, se conocerá mañana tras la reunión que mantendrá la Junta con los alcaldes y todas las instituciones que han participado en la extinción del incendio, solo en las localidades de Ojén, Marbella y Mijas son ya casi 200 las casas que han sufrido algún tipo de daño, según ha podido saber SUR. El gran problema a la hora de afrontar la reconstrucción o reparación es que muchas de ellas son ilegales. Al menos, medio centenar.

El caso menos problemático se plantea en Marbella, ya que, según indican fuentes municipales, a falta de un recuento oficial, «todas están en suelo urbano, en los picos de las urbanizaciones Elviria o El Rosario, localizadas en la zona este, en el sector de Las Chapas». La alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, ha cifrado en 60 las viviendas afectadas: 26 de ellas con daños estructurales, que requerirán de una actuación más contundente, y 35 con desperfectos de menor consideración.

Mayores dificultades se plantean en Ojén. No solo porque el recuento que elaboraron hasta ayer a pie de campo los técnicos municipales encabezados por su alcalde, José Antonio Gómez, «supera el centenar de viviendas», según declaró a SUR, sino porque gran parte de ellas, al menos unas 35, se localizan en diseminados situados la zona de La Mairena hasta el casco urbano, en suelo no urbanizable. De esta treintena de casas, cuatro están totalmente arrasadas.

El regidor subrayó la «problemática» que se plantea para estos vecinos y aseguró que sobre algunas de ellas pesaban expedientes de infracción urbanística. Si bien, puntualizó que en estos diseminados «existen multitud de casas históricas con más de 50 años, construidas mucho antes de que la zona estuviera protegida». La paradoja sobre la posibilidad de que estos vecinos obtengan licencia para volver a levantar o reparar una construcción, fue trasladada verbalmente por el alcalde del municipio de Ojén al delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, en un encuentro mantenido ayer en el puesto de mando de avanzado, donde se controlan las labores de extinción delfuego. «Van a estudiarlo jurídicamente y nos contestarán en los próximos días», aseguró el regidor. En el resto del término municipal, se han contabilizado daños en 45 viviendas de la zona norte de La Mairena y 20 en El Vicario, cuyos suelos se desarrollaron a través de planes parciales.

El Ayuntamiento de Mijas también realizó ayer un censo a pie de campo de las casas que se habían visto afectadas por el incendio. Técnicos municipales recorrieron las zonas arrasadas por las llamas y contabilizaron un total de 23 viviendas dañadas, de las cuales 15 habían quedado completamente calcinadas, según informó el alcalde de la localidad, Ángel Nozal.

El diseminado de la Atalaya-Macorra ha sido el más perjudicado. Once casas ardieron -entre ellas, una que tenía adosada un taller de herrero, que acabó completamente calcinado- y otras tres sufrieron desperfectos. En Entrerríos se quemaron completamente otras cuatro viviendas y una quedó seriamente dañada. En esta zona también resultaron afectados el albergue municipal, un aula y varios establos de animales.

El resto de los inmuebles se reparten por la zona de Calahonda, donde las llamas causaron destrozos en las fachadas de cuatro apartamentos, dos en la urbanización Antares y los otros dos, en Cascadas de Calahonda.

El fuego afectó también a una protectora de animales del municipio, donde murieron once perros y nueve gatos que tenían allí acogidos. En total, según el regidor, hubo que evacuar a unos cien animales.

Al igual que en Ojén, se da la circunstancia de que buena parte de las viviendas afectadas en Mijas son ilegales. El concejal de Urbanismo de este último municipio, Manuel Navarro, explicó que estas casas se encontraban en una situación de «irregularidad», aunque eso no significa que sobre ellas pesaran órdenes de demolición, sino simplemente que «no tenían los papeles en regla».

«El problema que se plantea ahora es que, de acuerdo al decreto de la Junta (2/2012) que salió el pasado febrero, para que se autorice la reconstrucción o la reparación de estas viviendas deben asimilarse a la situación de 'fuera de ordenación'. Sin embargo, en Mijas eso no es posible hasta que no se apruebe definitivamente el plan de 'Delimitación de Asentamientos Urbanísticos y Hábitat Rural', que se inició hace tres meses», indicó el edil.

Desde la clandestinidad

Dentro de esa delimitación de hábitats rurales se encuentran precisamente los diseminados de la Atalaya-Macorra y Entrerríos, que han sido los más castigados por el fuego. «Ahí está ahora el drama familiar de esas personas, que no pueden entrar en sus casas, no pueden pintar, arreglar los techos... », señaló Navarro. Además, detalló, «para asimilarse a la situación de 'fuera de ordenación', las viviendas deben tener unas condiciones de habitabilidad y ahora, tras el incendio, no cuentan con ella».

Para evitar esta situación, y dado el carácter excepcional que ha tenido el fuego, el concejal precisó que se ha solicitado a la Junta que autorice la reconstrucción o la reparación de estas casas, sin que haya ningún tipo de mejora, para devolverlas al estado en que estaban antes del fuego. De hecho, el Ayuntamiento de Mijas ha redactado un informe que se remitirá estos días al Gobierno autonómico para que considere la situación «transitoria» en la que se encuentran estos inmuebles, y dé permiso a su rehabilitación, especialmente a aquellos que constituyen «vivienda habitual» de sus dueños.