Varias familias ocupan tres adosados en una urbanización de Alhaurín de la Torre

Los vecinos se muestran «indignados y preocupados» ante esta situación, que ya ha sido denunciada por los propietarios

REGINA SOTORRÍO RSOTORRIO@DIARIOSUR.ESMÁLAGA.
Un grupo de vecinos, ante las viviendas que han sido ocupadas por varias familias. :: Álvaro Cabrera/
Un grupo de vecinos, ante las viviendas que han sido ocupadas por varias familias. :: Álvaro Cabrera

Juan habla desde el otro lado de la cancela. «Le dejaría pasar, pero no tengo la llave de esto, la tiene mi familia», dice señalando el pitón de moto que mantiene cerrada la verja. Es domingo de mercadillo, así que todos han ido a «buscarse la vida» mientras él cuida de los tres adosados que desde el sábado han convertido en su residencia. Sin hipoteca, sin escritura ante notario ni acto oficial de entrega de llave. Solo tuvieron que cruzar la puerta exterior del porche -dice que «sin forzarla», un extremo que desmienten los propietarios-, abrir la corredera de doble cristal del salón e instalarse con sus colchones, su mesa, su sofá y un televisor. «¿Sabe usted que esto es ilegal?», se le pregunta. «Es ilegal, ya, vale, ¿pero qué hago? ¿Me voy a un prado a vivir cuando esto no le sirve a nadie y a mí me hace un apaño?», responde él.

Varias familias de etnia gitana se han apropiado desde el sábado de tres adosados de la barriada Santa Clara de Alhaurín de la Torre. Son más de 15 personas, «todas en paro», con al menos cuatro niños y una mujer embarazada. «Somos personas de orden y educadas, solo que sin dinero. No queremos problemas y no os molestaremos», comunica desde el patio de la casa Juan, el patriarca, a un grupo de vecinos que a pocos metros asisten «indignados y preocupados» a la ocupación. «Podemos entender que están en una situación extrema, pero como ellos hay millones de familias en España. Nosotros pagamos la hipoteca con nuestro esfuerzo. Esta no es la solución», señala Eduardo Martínez, vecino de la urbanización.

En los juzgados

Las viviendas, ubicadas en una zona residencial, son propiedad de Puerta Mediterránea Sociedad Cooperativa Andaluza, que el sábado denunció los hechos ante la Guardia Civil y hoy hará lo propio en los juzgados.

Se da la circunstancia, además, de que las casas están en peligro de derrumbe, como demuestran las decenas de grietas que cruzan las fachadas y como avala un informe técnico. De hecho, los vecinos que las compraron en su día tuvieron que ser reubicados en otras de la zona y con tres años de retraso sobre la fecha prevista. «¡Esto no se cae!», exclama Juan cuando se le advierte del riesgo. Es más, asegura que eligieron esos adosados por ese defecto. «Podíamos haber entrado en otros, pero estos no están a la venta ni se alquilan por este problema», explica.

Los vecinos, «impotentes», lamentan la situación de «indefensión» en la que les coloca la ley, que impide desalojar las viviendas sin una orden judicial. Agentes tanto de la Guardia Civil como de la Policía local se han personado en varias ocasiones en el lugar durante el fin de semana, pero sin el mandato de un juez tienen las manos atadas. Solo el primer día identificaron a los inquilinos y comprobaron que carecían de antecedentes judiciales. Y hasta ahí pueden llegar.

«Todos nos dicen que tengamos paciencia», apunta el presidente de la comunidad, Samuel Garrón. Saben que a esta historia le quedan aún muchos capítulos. Los vecinos, muchas parejas jóvenes con niños pequeños, miran ya con preocupación al verano y a la 'invasión' de las zonas comunes -como piscina y jardines- que puedan hacer los 'okupas'. Y, sobre todo, temen el «efecto llamada» a una urbanización con 49 adosados vacíos de un total de 70.

Por todo eso, reclaman a la cooperativa más seguridad y al Ayuntamiento de Alhaurín una «intervención urgente». De momento, Puerta Mediterránea Sociedad Cooperativa Andaluza soldará hoy las cerraduras rotas. «Pero no podemos hacer nada más, porque las viviendas ya están cerradas en condiciones», señala su presidente, Francisco Soria. Desde el Ayuntamiento, por su parte, informan que se cortará el agua a esos adosados y se intensificará la vigilancia en la zona.

Pero Juan y su familia no tienen intención de irse. «No lo haré hasta que no me den una vivienda digna o un trabajo», garantiza. Con «dos desahucios» a sus espaldas, sin un trabajo más allá de la venta en mercadillos (aunque «sin licencia») y sin posibilidad de alquilar («nadie quiere gitanos»), Juan afirma que se ha visto abocado a dar «tan mal paso». «Les aseguro que esto no es plato de buen gusto. Soy honrado, que me pongan a prueba», dice.