Los regantes del Guadalhorce, en pie de guerra por la tarifa del agua

En concreto, la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) critica que se les pretende cobrar más del doble de lo que gastaron: 70 hectómetros cúbicos frente a 30. El secretario de este colectivo, Juan Antonio Aguilar, aseguró que la Junta ha prorrogado las tarifas de 2004, cobrando la misma cantidad sin tener en cuenta las circunstancias de las diferentes campañas que afectan al riego, como por ejemplo sucedió en 2009 con la sequía. «Queremos pagar el agua, pero la que consumimos y lo que en realidad nos corresponda», afirmó Aguilar.

Por este motivo, Aprema ha reclamado que se paralice el cobro de los recibos y que se realice un estudio económico serio, dando participación a los propios regantes. En las últimas semanas, el colectivo ha mantenido conversaciones con el director de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua; con la directora general de Infraestructuras y Explotación de la propia agencia, Belén Gualda, y con el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, Francisco Fernández España, para trasladarles las inquietudes de los regantes del Guadalhorce y buscar una solución a este problema. Juan Antonio Aguilar aseguró que la base del conflicto son unos criterios «mal aplicados» por la Junta de Andalucía, ya que fueron calculados en 1972 atendiendo a una ley franquista de 1954, cuando la situación de la agricultura y el impacto del agua de riego en comparación con el consumo doméstico no tenían nada que ver con lo que sucede hoy en día.

«En 1972 se aplicaba al riego un 73,5 por ciento de los gastos y a abastecimiento un 26,5 por ciento, mismos porcentajes que se aplicaron al año 2004 y, al prorrogarse las tarifas, a 2009 y 2010», alertó el representante de Aprema, que calificó de «desfasados» estos cálculos, los cuales se mantienen vigentes por «inercia» y a pesar de que en estos 40 años la superficie de cultivos se ha reducido enormemente al tiempo que la zona del Valle del Guadalhorce ha experimentado una expansión urbanística que ha disparado el suministro de agua, pero no para riego.

Por otro lado, Aguilar agradeció no obstante que la administración autonómica condonara durante cuatro años (de 2005 a 2008, coincidiendo con el periodo más grave de la sequía) el gasto de riego, pero mostró su disconformidad con que después se gastara 600.000 euros para encargar a una empresa privada un estudio para diseñar unas nuevas tarifas, pero sin contar con los propios agricultores. En esta línea, recordó que la Ley del Agua de 1982 y la nueva Ley del Agua Andaluza son muy claras al contemplar la participación de los usuarios.

Más quejas

Por último, el secretario de esta asociación agraria criticó que las tarifas incluyan conceptos como la reparación de caminos y otras obras que tienen que ser asumidos por los regantes, al tiempo que expresó su desacuerdo por el hecho de que el sistema de presas del Guadalhorce carezca de una tarifa de producción eléctrica que debería ser abonada por las compañías que explotan las centrales de la zona.