Los nuevos abogados deberán superar un máster y un examen para ejercer

Con esta reforma normativa -que se hará efectiva cinco años después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en octubre de 2006- se hace realidad una de las principales y más antiguas reivindicaciones de la Abogacía, como recuerda el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, quien explica que su objetivo es mejorar la formación que reciben los letrados, «de modo que los ciudadanos tendrán garantías de que la persona que los representa posee los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para defender sus derechos y libertades, lo que repercutirá asimismo en beneficio de la Administración de Justicia», destacó.

A partir de final de año

La Ley de acceso entrará en vigor el próximo 31 de octubre. A partir de esa fecha, los futuros abogados tendrán que completar sus cuatro años de licenciatura o grado en Derecho con un curso formativo que podrán impartir las universidades, las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios profesionales o ambos organismos conjuntamente, como es el caso de la provincia.

Hace ahora tres años, el Colegio de Abogados de Málaga, en colaboración con la Universidad de Málaga, puso en marcha un posgrado para ofrecer a sus letrados y a los futuros profesionales de la abogacía una formación reconocida, real y adaptada a las necesidades de sus clientes, anticipándose así a la reforma que se avecinaba. Ahora, con la aprobación de su reglamento, este máster (cuyo coste ronda los 1.600 euros y que solo en este último año ha formado a cien personas) dejará de ser voluntario para ser obligatorio. «En Málaga hemos sido pioneros. Ya tenemos el camino andado, por lo que solo tendremos que hacer pequeñas adaptaciones del curso que ya teníamos al nuevo reglamento», indicó Camas.

Los cursos deberán comprender un total de 60 créditos y su duración aproximada, según precisó Camas, será de año y medio. A su finalización, los alumnos deberán superar un examen escrito. Dicha prueba incluirá un test de respuesta múltiple y un caso práctico. Se convocará anualmente y será el mismo en todo el territorio nacional. Según informó el Ministerio de Justicia, «la oferta será asequible para los estudiantes», que tendrán garantizado su derecho de acceso a la formación a través de «becas específicas».

Las prácticas supondrán 30 créditos adicionales a los de los cursos y serán tuteladas por letrados o procuradores que hayan ejercido al menos durante cinco años y se desarrollarán en juzgados o tribunales, fiscalías, despachos profesionales, instituciones oficiales, comisarías, centros penitenciarios o empresas.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se mostró satisfecho por la medida y confió en que sea una formación «eminentemente práctica» «y que no se convierta en otra fase de estudios para aprobar un examen».