Agaden y la plataforma de ciudadanos anuncian una denuncia contra Lorenzo y Araujo

«En el caso de la delegación provincial de Urbanismo, esta conocía la ilegalidad de las obras al menos desde diciembre de 2006, según un informe (LB-06 de fecha 12 de enero de 2007) elaborado por técnicos de dicha delegación tras una visita efectuada a las obras el 19 de diciembre de 2006», indicaron.

Añadieron que en dicho informe se recoge la calificación del suelo donde se desarrollaban las obras, como no urbanizable y que las obras de urbanización ya están comenzadas, encontrándose en la fase de movimientos de tierra (desmontes y terraplenes). «Resulta curioso que en el citado informe se afirme desconocer a los constructores, promotores de las obras, cierto es que no había ninguna valla informativa de las obras (proyecto, constructor, promotor, dirección facultativa, financiadores, etc), pero basta con ver el reportaje fotográfico anexo al informe, realizado por los técnicos de la delegación de urbanismo para saber quien era la empresa constructora o simplemente ver en la prensa comarcal la continuas declaraciones del equipo de gobierno municipal describiendo las obras, las cuales, no podemos olvidar, contaban con el apoyo y el asesoramiento de la Junta de Andalucía, o al menos eso manifestaron los consejeros a quienes se les presentó el proyecto», indicaron.

Según Agaden y la plataforma, dicho informe «deja patente la comisión de un posible delito contra la ordenación del territorio, estando la delegación de urbanismo, obligada a informar de los hechos al MinisterioFiscal».

Por su parte la delegación de Medio Ambiente, que dirigía entonces Gema Araujo, «conocía por los informes emitidos por los agentes de medio ambiente a finales de 2006 y principios de 2007, que en dicha zona se estaban ejecutando unas obras, que afectaban la vía pecuaria cordel Moral-Alcalá y a un espacio protegido por el plan de protección del medio físico de la provincia de Cádiz. Estos informes recogen hechos que podrían ser constitutivos de delito, sin embargo no se puso en conocimiento de la fiscalía competente».

«En ambos casos, estamos ante una irresponsabilidad, ya que la intervención de ambas delegaciones, hubiese evitado la tala de más de 3 hectáreas de especies protegidas, sin embargo ambos delegados antepusieron intereses políticos y de partido, (en aquellas fechas estaba en campaña electoral), al interés común, convirtiéndose en colaboradores del equipo de gobierno del ayuntamiento de Los Barrios y de la empresa municipal Gama, s.l. para perpetrar una de las mayores chapuzas del gobierno municipal de Los Barrios, cometiendo presuntamente delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente y contra la flora. «Por todo ello, solicitamos a la consejera de Obras públicas y Vivienda, Josefina Cruz,que explique «por qué no se ha actuado en este caso y de no tener motivos convincentes, cese al actual delegado por incompetencia. Al consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz, le exigimos que de cumplimiento de la sanción economía impuesta por la consejería de medio ambiente en enero de 2008, al Ayuntamiento de Los Barrios, y que en realidad tendría que ser impuesta a la empresa municipal GAMA, S.L., dicha sanción debería ser pagada por los implicados en las obras ilegales de la Gertrudis y no con dinero de las dilapidadas arcas municipale», concluyeron.