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Un trabajo peligroso

MÁLAGA

Un trabajo peligroso

Investigadores privados que informaron sobre Juan Antonio Roca fueron detenidos días antes de la 'operación Malaya'

17.10.10 - 01:52 -
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Sucedió en marzo de 2006 y es motivo ahora de una causa que investiga un juzgado de Madrid. Un grupo de investigadores privados de Marbella que habían realizado informes sobre el entramado societario de Roca fue objeto de una operación policial una semana antes de la 'operación Malaya'.
La historia comienza más de un año antes, a finales de 2004. Un equipo compuesto por dos británicos afincados en Marbella y un español que habitualmente realiza trabajos de investigación privada recibe el encargo de reunir información sobre Óscar Benavente, posteriormente acusado en 'Malaya' de ser uno de los testaferros de Juan Antonio Roca.
Tanto los británicos -uno de ellos antiguo miembro de las fuerzas especiales (SAS) y otro ex sargento de Scotland Yard- como el español mantenían, según aseguran, estrecha relación con el Centro Nacional de Investigaciones (CNI). Al observar que la trama societaria de Benavente estaba orientada al blanqueo de grandes cantidades de dinero no sólo enviaron la información al cliente que se la había encargado, sino también al CNI a través de su enlace habitual. «El blanqueo se relaciona en muchas ocasiones con la financiación del terrorismo y por esa razón se remitió al CNI por si acaso era útil a tales efectos», sostienen los afectados en un escrito de denuncia presentado en el juzgado de instrucción número 28 de Madrid.
Meses después, el 16 de marzo de 2006, los tres miembros del grupo fueron detenidos por una unidad policial desplazada desde la capital. Sus viviendas fueron objeto de registros, al mismo tiempo que las oficinas de uno de los británicos en Londres también lo eran de manera simultánea.
Se les acusaba de conspiración para el secuestro y cohecho, imputaciones sustentadas en varios meses de escuchas telefónicas. Tiempo después sabrían que el origen de los pinchazos fue una investigación por tráfico de drogas, asunto por el que no fueron procesados.
Tres policías, incluido el por entonces comisario, Francisco de Paula, interrogaron a los detenidos en la comisaría de Marbella. Posteriormente, el miembro español del grupo declararía en sede judicial que los policías le aseguraron que estaba detenido «porque tenía mucha información». Asimismo, uno de los británicos sostuvo ante el juez que le interrogaron acerca de qué sabía «de pagos a policías a cambio de información».
La causa fue sobreseída el 3 de marzo de 2008. Los afectados se interesaron entonces por tener acceso al sumario, pero fueron informados de que, a instancias de la Comisaría General de la Policía Judicial, había sido remitido a las autoridades judiciales de Holanda, país del que supuestamente procedía la causa. Sin embargo, la fiscalía holandesa les comunicó que no había procedimiento alguno y que el sumario nunca había sido recibido.
Intentaron entonces acceder a la comisión rogatoria que debería haber sido enviada al Reino Unido para los registros policiales en Londres. Tampoco existía, por lo que dedujeron que la actuación tuvo que ser solicitada directamente por altos mandos policiales españoles. Decidieron presentar una denuncia en Madrid, donde se había iniciado la investigación contra ellos.
En su denuncia, los investigadores británicos subrayan la sospecha de que alguien del CNI o de alto nivel de la policía haya tenido conocimiento del informe, en el que se detallaban aspectos fundamentales de un entramado societario que, según se supo después, pertenecía a Juan Antonio Roca. «Se puede colegir perfectamente que no sólo peligraba la organización delictiva relativa al blanqueo , sino también personas que pudieran estar implicadas en los hechos. Ello llevaba a investigar o destruir nuestro grupo con objeto de que dicha información fuera cortada de raíz, como así sucedió de hecho».
Los afectados relacionan su detención con documentación hallada en el trastero de Roca durante los registros de la 'operación Malaya': la nota manuscrita que reflejaba que una persona con las iniciales J.A.G. y conocimiento de la estructura policial había pasado información al presunto cerebro de la trama de corrupción municipal. Apuntan al comisario jefe de la Policía Judicial, recientemente citado por un abogado del juicio del 'caso Malaya' como la persona que se esconde tras esas iniciales. «Qué coincidencia que todos los autos para interceptar los teléfonos de nuestro grupo los pidió la policía judicial a cuyo mando se encuentra el citado Juan Antonio González García, quien a su vez dirigía la investigación del 'caso Malaya'», destaca el escrito.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía fue la encargada de responder a la denuncia. En un escrito dirigido al juzgado que lleva el caso, al que ha tenido acceso este periódico, los policías relacionan al grupo con una operación contra el narcotráfico desarrollada en Holanda, en la que se incautaron 1.855 kilos de cocaína procedentes de Perú. También aseguran que en el transcurso de la investigación relacionada con ese asunto se interceptaron conversaciones que los implicaban en una conspiración para secuestrar en Suiza a un ciudadano italiano y a un banquero griego en el país helvético.
Asuntos Internos considera «novelesca» la teoría de la conspiración policial apuntada por los detenidos. Sostiene que la intervención de la policía británica en Londres fue por propia iniciativa y en base a información obtenida en su propia investigación, y desmonta la supuesta conexión de este asunto con el de las siglas J.A.G. con el argumento de que es contradictorio «que la persona que, según ellos mismos afirman, puede formar parte de la estructura dirigida por Roca para el blanqueo de dinero pueda ser la misma que como máxima autoridad policial del área dirija y controle la investigación que culmina, precisamente, con la desarticulación de esa misma estructura organizativa».
Pero los denunciantes tienen un motivo para apuntar hacia la conspiración policial. Una de las personas a las que se le había pinchado el teléfono en el marco de la fallida investigación por tráfico de drogas, un ex miembro de la Guardia Civil condecorado con la Cruz Distintivo Blanco y Orden del Mérito del Instituto Armado y propietario de una agencia de detectives en Marbella, guardaba un punto en común con ellos: también había realizado años antes una investigación que afectaba a Juan Antonio Roca y que había sido remitido al CNI.
Teléfono pinchado
Al saber que su teléfono había sido pinchado, esta persona también presentó una denuncia ante el juzgado de Madrid donde se instruye la causa abierta tras la querella de los británicos. En su escrito, sostiene que la investigación policial por supuesto tráfico de drogas tenía como único fin «averiguar lo que los denunciantes sabían de Juan Antonio Roca y sus actuaciones delictivas, así como de las personas que colaboraban en las mismas». En su opinión, esto no hubiese ocurrido «sin la instrucción directa del comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González García, cuyas iniciales aparecen citadas en hojas propiedad de Juan Antonio Roca en las que constaban relaciones de llamadas con el citado J.A.G., así como una anotación de un importe de 200.000 euros pagada por el señor Roca al citado J.A.G.».
Para el ex guardia civil, existen indicios más que suficientes para sostener que la investigación fue un montaje procesal con el único fin de poner fuera de juego a personas vinculadas con los servicios de información que estaban indagando los movimientos patrimoniales de Roca antes de que saltara a la luz el 'caso Malaya'.
En esto, el ex guardia civil coincide con el escrito de denuncia del grupo de británicos, que asegura que la fecha de los arrestos no fue casual. «Era de sumo interés acceder a la información que poseían los denunciantes, que previamente también habían sido objeto de escuchas para saber con qué información contaban. No es casualidad la elección de las fechas. Los registros y arrestos tenían que producirse antes de que la 'operación Malaya' se precipitara».
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