El juez de 'Goldfinger' denuncia el envío de una carta intimidatoria del embajador británico

El magistrado presenta una queja ante el CGPJ por la misiva, en la que el diplomático advierte de que Connery podría ejercer acciones legales

HUGO SIMÓNMARBELLA.
El actor Sean Connery su mujer han sido citados a declarar como imputados el próximo día 15 en los juzgados de Marbella. ::                             SUR/
El actor Sean Connery su mujer han sido citados a declarar como imputados el próximo día 15 en los juzgados de Marbella. :: SUR

El actor Sean Connery amenaza con emprender acciones legales por revelarse su imputación en el 'caso Goldfinger'. Así lo asegura el embajador de Reino Unido en España, Giles Paxman, en una carta remitida al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, en la que traslada al magistrado las protestas del intérprete y en la que advierte de que Connery se reserva el derecho de poner una demanda contra los responsables de que hayan salido a la luz pública las actuaciones que se siguen contra él y su esposa.

Una copia de esta misiva está ya en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante el cual el juez instructor, a través del Decanato de Marbella, ha presentado una protesta por el tono intimidatorio que presenta el escrito del diplomático británico, que podría constituir un atentado a la independencia de un órgano judicial español. El CGPJ todavía no se ha pronunciado sobre el incidente.

El instructor de 'Goldfinger' ha citado a declarar en calidad de imputados a Sean Connery y a su mujer Micheline el próximo día 15 de octubre por medio de una providencia, adelantada ayer por SUR, en la que el juez apuntaba que los representantes de las autoridades británicas en España habían trasladado el interés del actor por tomar conocimiento de las actuaciones judiciales. Lo que no desvelaba Puyol en su escrito eran los términos de la carta del embajador inglés.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, Paxman se dirige al juez para explicar que ha recibido una carta de Sean Connery por la aparición de diversas informaciones en los medios de comunicación «sugiriendo que se han iniciado procedimientos penales en su juzgado en los cuales él y su esposa, Lady Connery, han sido acusados de la comisión de varios delitos».

Perjuicio financiero

«Sir Sean ha manifestado que la mera revelación pública de estos supuestos procedimientos penales no sólo afecta su imagen pública sino también le causa un perjuicio financiero notable, evidente y cuantificable, por lo cual se reserva el derecho de poner una demanda contra las personas responsables», afirma el diplomático en el fragmento más comprometedor de su escrito.

Connery asegura, según recoge el embajador, que, «hasta la fecha, ni él ni su esposa han recibido comunicación alguna de su juzgado, ni de ninguna autoridad judicial, fiscal o policial española informándoles que pueden haberse iniciado procedimientos en su contra». Según apunta Paxman, el intérprete escocés dice ignorar «los detalles del caso, los cargos que se les imputan y los medios de prueba en los en los que se basan los procedimientos judiciales».

Por este motivo, y «con el fin de asegurar que tanto él como su esposa puedan ejercer su derecho de defensa al máximo», el embajador traslada al juez la petición de Connery de que «le notifiquen inmediatamente de la existencia de cualquier actuación judicial que se haya realizado, que esté en curso o esté prevista, y que le faciliten una copia completa del expediente relativo a los procedimientos con una indicación de todos los hechos, cargos y delitos de los que se les acusan a él y su esposa, junto con una copia de las pruebas en las se basan estas acusaciones». «Debe remitirse toda la información a su residencia permanente en Nassau, Bahamas», concluye el diplomático.

El instructor del 'caso Goldfinger' ha accedido a esta petición y ha ordenado remitir a Connery y su mujer un resumen traducido al inglés del objeto de las actuaciones, en las que se investigan presuntas irregularidades en las operaciones urbanísticas sobre los terrenos donde se asentaba el chalet a pie de mar que el matrimonio poseía en Marbella. En dicho enclave hoy se levanta el complejo inmobiliario Malibú, bautizado con el mismo nombre que la residencia de los Connery y compuesto por 74 apartamentos de lujo, a pesar de que el planeamiento entonces vigente sólo autorizaba la edificación de cinco viviendas unifamiliares.

El procedimiento cuenta con una veintena de imputados, entre los que se encuentran el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. La causa se remonta a 2007 pero tomó un nuevo rumbo en mayo con la imputación de Connery y su esposa, así como de varios abogados del despacho Díaz Bastién y Truán. Entonces pasó a denominarse 'caso Goldfinger', en referencia a una de las películas en las que Connery interpretaba al espía británico James Bond.

El Tribunal de Cuentas cifra en 2,7 millones de euros el perjuicio para las arcas municipales de las operaciones urbanísticas investigadas y el juez instructor fijó en junio una fianza de 3,3 millones para el matrimonio Connery en concepto de responsabilidad civil.