Las plataformas digitales piden impugnar la norma que les obliga a dar datos del negocio

Las plataformas de alquiler vacacional consideran el decreto «injusto y desproporcionado»./Sur
Las plataformas de alquiler vacacional consideran el decreto «injusto y desproporcionado». / Sur

La asociación que agrupa a Airbnb ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que recurra dicho decreto

PILAR MARTÍNEZ y EPMálaga

Las plataformas digitales de alquiler vacacional pasan a la acción contra las pretensiones del Gobierno de conocer todos los detalles del negocio que mueven. Sharing España, un colectivo que agrupa a diferentes empresas de la economía colaborativa, como Airbnb, Blablacar o Deliveroo, ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que interponga un recurso contra el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre, en el que se introducían nuevas obligaciones de información para las plataformas que intervengan en el arrendamiento de viviendas con fines turísticos, con el fin de evitar el fraude fiscal.

La Junta prevé este año 21.000 actuaciones para controlar el negocio opaco

:: M. D. Tortosa

Sevilla La Junta de Andalucía realizará este año 21.000 actuaciones de control de las plataformas digitales para que cumplan la ley y respeten los derechos de los trabajadores. «No voy a prohibir nuevas fórmulas de negocio, lo que sí voy a impedir es que incumplan la ley. La Junta va a llegar al límite de sus competencias para ello», afirmó la presidenta, Susana Díaz, en la sesión de control del Parlamento en respuesta al coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

Díaz, que ha pedido al Gobierno el aumento de los inspectores de Hacienda y de la Seguridad Social, coincidió con Maíllo en el análisis de las plataformas digitales de sectores del turismo y transporte con apariencia de economía colaborativa que hacen negocio con trampas a la legislación. Ambos políticos llamaron a quienes actúan de este modo «especuladores digitales con coste cero en la inversión y máximo beneficio», que provocan el descenso de los salarios, la ausencia de negociación colectiva o una exigua protección social. «No vale declarar pérdidas para no pagar el impuesto de sociedades como ha hecho Cabify», aseveró la presidenta.

Maíllo consideró que el Gobierno andaluz actúa de forma lenta y puso el foco en las viviendas turísticas y pidió a la presidenta que reuniera a los alcaldes de las 15 ciudades turísticas para analizar y tomar medidas que eviten la despersonalización de los centros histórico, donde la proliferación de la oferta de pisos para visitantes ha elevado el alquiler de forma desorbitada. «Queremos una Andalucía que siga habitando en los centros de las ciudades», dijo aludiendo a Málaga y Sevilla como ejemplos de la proliferación de este tipo de alojamiento para turistas.

35.000 viviendas inscritas

Díaz recordó que la Junta ha regulado el alojamiento de viviendas con fines turísticos y reveló que ya hay 35.000 inscritas en el registro de Turismo. También subrayó que la ley andaluza incluye la consideración de operadores turísticos para los que ofertan más de tres de estas viviendas. «No se puede mirar a otro lado y hay que actuar con firmeza ante estas situaciones, que es lo que hace el Gobierno andaluz en el ámbito de sus competencias», remarcó Susana Díaz.

Según un comunicado emitido por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), organización de la que depende Sharing España, este decreto es «injusto y desproporcionado» y va «en contra del interés general», al imponer «multas millonarias» por incumplir con esa obligación. Concretamente, la organización califica de «imposible» ajustarse a esta ley, ya que estas plataformas no disponen de la mayoría de los datos que se solicitan sobre sus usuarios, una información que, en caso de intentar obtener, «pondría en juego la viabilidad» de estas empresas.

Primer paso

Adigital y Sharing España consideran que se está aplicando un decreto que se ha elaborado de forma «apresurada y sin entender el modelo de negocio» de estas plataformas, al mismo tiempo que advierten de que la ausencia de diálogo y negociación les hace dudar sobre si su finalidad última es luchar contra el fraude fiscal, en vez de ser una «regulación encubierta de la economía colaborativa».

«Las plataformas han ofrecido a Hacienda los datos que sean necesarios para prevenir el fraude fiscal de entre los que recogen de sus usuarios, como los datos económicos de las transacciones, la identificación del usuario o del inmueble, pero el resto de los datos solicitados por la administración fiscal simplemente no los tienen», explicó José Luis Zimmermann, director general de Adigital. Además, se mostró abierto a colaborar con Hacienda, pero aseguró encontrarse «con muchas dificultades».

Ante este panorama, ambas organizaciones valoran interponer una queja formal ante la Comisión Europea, al considerar que el decreto «es contrario a la Directiva de Comercio Electrónico, a la Directiva de Normas, a la de Reglamentaciones Técnicas y a la Directiva de Servicio».

La adopción de esta regulación supone, según Adigital, una «desventaja competitiva» en el Mercado Europeo en comparación con normativas equivalentes como la francesa, que pide unos datos «muy inferiores» a los de la española.

El decreto en cuestión, que regula la fiscalización de este negocio, estará en vigor el próximo mes de julio, si bien desde el pasado 1 de enero Hacienda tiene activos los controles sobre el alquiler turístico. De hecho, las plataformas virtuales podrán entregar la información del primer y segundo trimestre hasta el 31 de diciembre.

La información relativa a las estancias del tercer trimestre se deben presentar antes del 31 de octubre y las del cuarto trimestre, como muy tarde a finales de enero de 2019, cuando el fisco dispondrá de los datos de todas las pernoctaciones de 2018. Las compañías deberán incluir en esa declaración la identificación del propietario de la vivienda, el subarrendador –en caso de que lo haya–, los inquilinos, el inmueble –con la referencia catastral–, los días en los que se produce la estancia, el importe cobrado y un número de contrato.

 

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