El Gobierno admite que la solución a las viviendas turísticas «no es fácil jurídicamente»

E. P. MADRID.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha admitido que la solución para el problema de las viviendas de alquiler turístico «no es fácil jurídicamente» teniendo en cuenta que son muchas administraciones las que tienen competencias en la materia, aunque son «principalmente» las comunidades autónomas y las autoridades locales. Oliver, que participó en un desayuno informativo organizado por Vozpópuli, defendió que cada comunidad autónoma debe mantener su potestad para legislar en materia turística, porque son «quienes saben lo que es mejor para ellas y lo que les conviene», también en la ordenación urbanística. La secretaria de Estado volvió a defender la utilidad de un registro único de viviendas de uso turístico (VUT) para solventar este problema, ya que «puede ser una buena herramienta» aunque «tiene sus complejidades jurídicas», y mantuvo que la solución es «regular por una parte y exigir por la otra».

Oliver subrayó la disposición de este Gobierno para desarrollar el turismo de manera sostenible, que aporte «beneficios al visitante y bienestar al vecino» e informó sobre los grupos de trabajo que se están poniendo en marcha junto a comunidades autónomas, los ministerios de Fomento y Economía, las plataformas de viviendas y el resto de entidades implicadas para tratar de encontrar una solución. Sobre ello, indicó que ya se ha celebrado la primera mesa de trabajo en la que participaron todas estas entidades. Entre las medidas propuestas y en las que el Gobierno actúa «como coordinador», se encuentra la modificación de las leyes estatales de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), además de la creación ya mencionada del registro estatal como mecanismo de gestión y control.

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