Aluvión de inscripciones de viviendas turísticas ante posibles cambios legales
Las propuestas del Gobierno elevan en dos días de 35 a 80 la media de pisos registrados por la Junta
El temor a nuevas limitaciones y al mayor poder de decisión de las asociaciones de vecinos sobre las viviendas turísticas ha disparado en las ... últimas 48 horas, desde el primer anuncio realizado por el Gobierno, el volumen de pisos vacacionales inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía. Si a lo largo de septiembre la media de inmuebles registrados cada día ascendía a unos 30 ó 35, desde que el pasado lunes la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, avanzara la pretensión del Ejecutivo de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para cambiar las mayorías para que las comunidades de vecinos decidan sobre sus propiedades, son unas 80 viviendas vacacionales las que se han inscritos diariamente, según fuentes de Turismo.
El miedo a que la nueva normativa estatal, en la que ayer continuó trabajando la mesa creada por el Gobierno, suponga más obstáculos, entre ellos, el de someterse al dictamen vecinal, está detrás de este fuerte repunte. Y es que entre los que ayer hacían cola para registrar su inmueble como vivienda con fines turísticos, el tema de conversación era la urgencia repentina en inscribir la vivienda como alojamiento antes de que se apruebe el nuevo marco estatal. Hubo incluso quien reconoció que pretendía registrar un piso para el alquiler vacacional aunque no tenía previsto explotarlo como tal por ahora, advirtiendo de que quería asegurarse de tenerlo todo atado, antes de que decida la comunidad de vecinos o por si hay limitaciones en la nueva normativa nacional, por si lo necesitaba en el futuro.
Plataformas instan a que la mayoría simple se aplique a pensiones
La Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT) pidió ayer que si sale adelante la propuesta del Gobierno de facilitar a las comunidades de vecinos por mayoría simple decidir sobre la ubicación de viviendas de uso turístico (VUT) en un edificio, se aplique a otros usos semejantes tales como las pensiones o incluso el alquiler residencial. La PAT, que integra a las plataformas HomeAway, Niumba, Rentalia y Spain-Holiday.com y de la que no forma parte Airbnb, participó ayer en el grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. «Queremos que se trate por igual y se equilibre, esta propuesta si sale adelante no tiene por qué perjudicar a unos o condicionar a otros si estamos haciendo un uso semejante», afirmó la presidenta de la PAT, Almudena Ucha, en declaraciones a Europa Press. Para Ucha si por mayoría simple los vecinos pueden decidir sobre las viviendas de uso turístico, debería ser así para otros usos semejantes, no sólo el vacacional.
Y es que tras la primera sesión del grupo de trabajo de alquiler vacacional creado por el Gobierno, el pasado martes, Oliver anunció que las comunidades de vecinos podrán prohibir por mayoría simple el establecimiento de pisos turísticos en su edificio, para lo que planteó la modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal de rebajar a 3/5 la mayoría necesaria para prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio.
En este sentido, desde el Registro de Turismo dejaron claro a quienes han precipitado las inscripciones de viviendas con fines turísticos que «la prisa no tiene ningún sentido». Aun así, el ritmo de propietarios que quieren tener regularizadas las viviendas ante los titulares con nuevas exigencias se ha elevado a cotas de las que se han registrado a diario en los meses de junio, julio y agosto, en los que también se intensificó el volumen de peticiones como consecuencia de la advertencia de plataformas como el gigante Airbnb de dejar de ofrecer este mes de septiembre pisos vacacionales en Andalucía que no contaran con el número que le acredita que está dado de alta en el Registro de Turismo de Andalucía y que, por ende, cumple con la normativa de la Junta.
También se disparan las denuncias de vecinos por conflictos con viviendas vacacionales
Desde Turismo también advirtieron de que en lo que va de año se ha disparado el número de denuncias de vecinos con quejas sobre problemas de ruidos o de conflictos con los inquilinos de las viviendas turísticas. En este sentido, aseguraron fuentes de Turismo que ya han registrado un centenar de denuncias, a las que se suman otras 300 a través de llamadas telefónicas o de escritos remitidos al Registro de Turismo, que además no tiene competencias en los asuntos denunciados, por lo que son remitidos a las administraciones competentes. La inspección de Turismo sólo puede actuar ante advertencias de que en una vivienda se está realizando una actividad turística sin estar registrada como tal. En la actualidad se contabilizan ya en la provincia 25.400 pisos turísticos con 126.862 plazas, de ellas 23.000 están en la capital. En concreto, en la ciudad la oferta de plazas de estos pisos se ha duplicado en el último año.
Consumidores piden regular las plataformas para que respondan ante el usuario
La mesa de trabajo creada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para elaborar con todos los actores una nueva regulación de los pisos vacacionales continuó ayer su segunda sesión de trabajo. Entre los asistentes a este grupo de trabajo, Facua-Consumidores en Acción reclamó la regulación de las plataformas que sirven de intermediarias en el alquiler de pisos turísticos con el objetivo de que respondan frente al usuario ante cualquier falta de conformidad en la prestación del servicio que se contrató a través de estas empresas. Miguel Ángel Serrano, del gabinete jurídico de Facua, aprovechó su intervención en esta mesa sobre alquiler turístico para dar a conocer las propuestas de la organización en este ámbito, insistiendo en que se debe regular el funcionamientos de plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico como Airbnb, HomeAway o Niumba para lograr una mayor protección de los derechos de los consumidores. Así, ve imprescindible que se regule esta figura para definir las responsabilidades que deben asumir. «Resulta necesario que legalmente se exija una responsabilidad solidaria a todos los agentes que intervienen en la contratación del arrendamiento con el consumidor», aseguró Serrano. Facua advierte de que la actual desregulación facilita la existencia de situaciones fraudulentas y abusos, «ya que cualquiera puede abrir un perfil falso y anunciar una vivienda que no es suya sin permiso de los propietarios».
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