Bruselas insiste contra España por obligar a la declaración de bienes en el exterior

Carteles de promoción de viviendas para extranjeros en la Costa del Sol. /
Carteles de promoción de viviendas para extranjeros en la Costa del Sol.

La Eurocámara mantiene el pulso en la línea que reivindican promotores de turismo residencial de la Costa, que consideran esta norma como un freno a la inversión

PILAR MARTÍNEZMálaga

El Parlamento Europeo no quiere que caiga en saco roto la que es una reivindicación histórica de los promotores de turismo residencial sobre la ley española que obliga a los residentes a declarar la posesión de activos y derechos en el extranjero, que además, los ciudadanos comunitarios consideran discriminatoria. Ayer, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) pidió que se siga investigando esta norma, que para destinos como la Costa del Sol supone un freno en la inversión en segundas residencias por parte de los extranjeros, a los que el mero hecho de informar de su patrimonio les indigna.

Precisamente, a mediados del pasado mes de diciembre, en un foro sobre turismo residencial organizado por SUR y Garrigues, en colaboración con la Asociación Provincial de Constructores y Promotores, la Asociación Nacional de Urbanizadores, la de Turismo Residencial y Deportivo (Promotur), Analistas Económicos de Andalucía y el grupo Sierra Blanca, quedó claro que esta ley limita las inversiones. Uno de los ponentes llegó a afirmar, de forma elocuente, que el extranjero que viene a invertir a España no entiende por qué tiene que contarle a Hacienda el listado de su patrimonio que si quiera conoce su esposa.

Un sector que mueve 3.500 millones de euros en la Costa

El turismo residencial es un sector a considerar. En el foro de SUR para analizar los retos y la fiscalidad de este segmento, José Antonio Muñoz López, economista y miembro del equipo de Analistas Económicos de Andalucía, dio a conocer un primer informe sobre el peso económico de este sector, hasta cifrar en un 12,5% la riqueza que los turistas extranjeros que se alojaron en viviendas en 2013 aportaron al Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia y hasta casi un 7% su impacto en el empleo global de la Costa. Muñoz precisó que los que residen en el destino más de 60 días aportaron a través del consumo que realizaron el 3,8% del PIB y el 2,1% del empleo en 2013, es decir, un movimiento económico de casi 3.500 millones de euros y de 37.853 puestos de trabajo.

En este sentido, los eurodiputados debatieron ayer tres denuncias de ciudadanos británicos, franceses y belgas, acompañadas de 750 firmas, en contra de la normativa española, que ya es fruto de una investigación en la Comisión Europea (CE), y que los parlamentarios han considerado suficiente para dar continuidad a las quejas presentadas. Los peticionarios consideraron que la ley crea «desigualdad» entre los contribuyentes españoles y europeos, sobre todo porque las multas en caso de no presentar la declaración o de proporcionar información errónea son mucho más altas cuando se declara patrimonio radicado en terceros países. Además, señalaron que la ley española «limita» la libre circulación de personas y capitales y expresaron sus dudas sobre la protección que recibirán los datos y la privacidad de los declarantes. «Por culpa de esta nueva norma, con sanciones elevadísimas y que no prescriben, muchos ciudadanos se están planteando su residencia en España», dijo en el debate el abogado Alejandro del Campo, autor de una de las peticiones. Otro de los peticionarios, Anthony Valcke, letrado de nacionalidad belga, llamó la atención sobre que la ley «va a afectar a muchos de los 2,1 millones de extranjeros que viven en España. Es una norma discriminatoria porque las sanciones son mucho más fuertes que las que se aplican a la declaración de la renta española», insistió. Por su parte, defendieron la ley los eurodiputados españoles Gabriel Mato (PP) y Soledad Cabezón (PSOE), que consideraron que la norma tiene un fin positivo.

Cabe recordar que en España es obligatorio para los contribuyentes que hagan una declaración informativa que los bienes que posean en el extranjero por valor superior a 50.000 euros.