La Costa reclama apoyo fiscal al turismo residencial

Los especialistas fueron claros: «El turismo residencial tiene un mayor potencial económico que el estacional». Pero en el Ministerio de Hacienda, de momento, han decidido no escucharlos.

El departamento de Cristóbal Montoro encargó el año pasado a un grupo de expertos un estudio en el que sustentar la reforma del sistema fiscal español. El resultado de este trabajo, conocido como Informe Lagares por el nombre del presidente de esta comisión de sabios, fue entregado en febrero de este año. Un pormenorizado estudio de 444 páginas que recogía las bases de lo que debía ser la nueva estructura de impuestos y que dedicaba un apartado completo a los llamados residentes no domiciliados, con una propuesta que perseguía un fin concreto: poner a España en situación de competir con otros destinos a la hora de atraer residentes de alto poder adquisitivo, cuya mera presencia y capacidad de consumo e inversión fuera capaz de generar una reactivación económica en las principales zonas turísticas del litoral español.

El dictamen de los expertos no se anduvo con medias tintas ni dio lugar a segundas interpretaciones: reconoció que la reactivación económica en otros países europeos y la llegada de inversores de países del centro y el norte de Europa puede constituir un factor importante para la reactivación del mercado inmobiliario en las zonas de turismo residencial, pero advirtieron de que «el regimen fiscal constituye un obstáculo que empieza a tener un peso negativo decisorio, especialmente al competir con países vecinos de clima similar pero con una fiscalidad más atractiva que la española».

Sin nombrarlo específicamente, el informe se refería a Portugal, país que tras adoptar muchas de las medidas que ya se aplican en el Reino Unido para atraer grandes fortunas está tomando la delantera en este sector económico. «Tengo muchos clientes que estaban esperando a ver qué pasaba con la reforma fiscal y ahora tendrá que darles una mala noticia, y otros que no han esperado y ya se han ido al Algarve», reconocía esta semana un asesor fiscal con una importante cartera de clientes en Marbella tras conocer el contenido del anteproyecto de reforma fiscal presentado el martes.

Y es que el esperado texto anunciado por Cristóbal Montoro decidió ignorar casi por completo las recomendaciones de los expertos, pese a que éstos advertían de que las reformas debían encaminarse a evitar el desplazamiento de potenciales inversores, administradores, directivos y pensionistas extranjeros hacia otros países «en un contexto de fuerte competencia fiscal».

Trámite parlamentario

Sin embargo, los empresarios no se dan todavía por vencidos. Para el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, la ausencia de una medida que permita afrontar la competencia de los países que se han tomado en serio al turismo residencial como una industria capaz de generar desarrollo económico en las zonas donde se asienta ha supuesto «una enorme decepción», pero advierte de que aún queda una oportunidad en el trámite parlamentario, cuando el anteproyecto de Montoro sea llevado al Congreso, y que es necesario que la voz de la Costa del Sol sea oída. «No vamos a cejar en el empeño advirtió el líder de la patronal andaluza para que haya algún tipo de modificación al anteproyecto que hemos conocido. Hay que ajustar esta modificación fiscal a la realidad de la economía porque si no se estará perjudicando inversiones muy necesarias»

«El daño que se hace al turismo residencial es grave, y por eso vamos a hacer ruido», advierte González de Lara, que sostiene que en primer lugar la CEAse pondrá en contacto con los miembros del grupo parlamentario del Partido Popular para ver qué receptividad existe sobre este asunto.

Por su parte, para el presidente de Promotur, Ramón Dávila, la reforma fiscal del Gobierno es «absolutamente limitada e insuficiente para que pueda suponer el revulsivo que necesita la economía española».

¿Por dónde deberían ir las modificaciones para que España se convierta en un destino atractivo para las grandes fortunas? El informe Lagares proponía sobre la base de la conocida como Ley Beckham, que estableció en su día un régimen especial para los extranjeros que llegaban contratados a España con altas remuneraciones y que se aplicó especialmente a deportistas de élite, que ahora han sido excluídos ampliarla para que también pudiese favorecer a otras personas de rentas altas que residiendo en el extranjero optaran por establecerse en España: administradores o accionistas significativos de sociedades, pensionistas o perceptores de rentas. No se trata de favorecer a quienes ya están, sino de presentar un marco que seduzca a quienes podrían llegar y de esa manera reactivar el mercado inmobiliario y también el consumo y el empleo en algunas zonas con más capacidad para atraer este tipo de residentes, con la Costa del Sol en primer lugar. Y también, en un mismo plano de importancia, importar talento de todo el mundo con la repercusión económca que ello implica.

No se trata solo de la inversión que genera la construcción de una vivienda, sino sobre todo del empleo estable que supone por sí mismo el establecimiento en España de este tipo de residentes. «Hay casas que son pymes», señala el presidente de la Federación de Urbanizadores de Andalucía, Ricardo Arranz. «Se sabe que una vivienda de un millón y medio de euros genera entre tres y cuatro empleos estables, entre el jardinero y el personal de servicio. En el entorno de Marbella hay unas 30.000 viviendas de más de un millon de euros; me pregunto qué otra industria puede generar ese volumen de empleo», subraya el empresario.

Otro sistema fiscal

Para Arranz, con la legislación actual, que obliga a los residentes extranjeros a declarar al fisco español sus bienes y sus ingresos en otras partes del mundo, es imposible que España resulte un destino atractivo pese a contar con los mejores parámetros de seguridad e infraestructuras, además del buen clima. «La gente no puede estar asustada, porque de esa manera no viene. Hay que buscar otro sistema fiscal porque si no se van a otro sitio. Muchos ya se están dando de baja», advierte.

En opinión de Arranz, es muy posible que el Gobierno reflexione durante el trámite parlamentario, porque en ello va el futuro de un sector que puede tirar de la econonomía. No obstante, advierte de que «es muy difícil legislar desde Madrid», en relación al desconocimiento que existe sobre la realidad económica de la Costa del Sol y sus necesidades específicas.

González de Lara también señala la necesidad de comenzar cuanto antes una ronda de contactos entre el sector empresarial y los partidos, porque para quien desconozca la realidad económica de una zona que vive en gran medida del turismo residencial, el reclamo de un sistema fiscal específico para los residentes extranjeros puede parecer una petición caprichosa.

«No hay conciencia real del efecto dinamizador que tendría en la economía, no solo de la Costa del Sol o de la provincia de Málaga, sino de toda España, porque a veces falta perspectiva y se puede creer que se trata de un problema localizado», advierte.

Para el presidente de la organización empresarial Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, Juan José González, no es descabellado pensar que se puede conseguir una legislación que resulte atractiva para los turistas residenciales, porque los cambios que se solicitan son hijos de la lógica y ya se aplican en varios países de nuestro entorno.

Por un lado, propone que la Ley Beckham, que actualmente sólo es aplicable a trabajadores por cuenta ajena, y que con la reforma propuesta por el Gobierno establece una tipo aplicable del 24 por ciento para rentas hasta 600.000 euros y del 45 por ciento a partir de esa cantidad, se extienda también a inversores y jubilados. Y por otro lado, que se aplique un sistema similar al británico, donde los extranjeros sólo están obligados a tributar por lo que perciben en el país de residencia y por los fondos que envían a ese país para gastar e invertir en él, y no por las rentas que obtienen fuera. «El ministro Montoro dijo hace un mes en un foro celebrado en Málaga que la legislación se iba a mejorar, no entiendo por qué no ha incluido estos cambios en su proyecto», señala.

Dávila también señala como muy necesaria la derogación de la normativa que obliga a los extranjeros a declarar los bienes que tengan fuera de España, «actualmente uno de los mayores frenos para la inversión extranjera»

Para González de Lara , que ha adelantado a SUR que la CEA se movilizará para conseguir este cambio incluso con el respaldo de la CEOE, se trata de un tren que no se debe dejar pasar. «No podemos perder una oportunidad como esta».