Málaga volverá a ser sede del Congreso de Ciberseguridad de Andalucía en el mes de marzo

En la primera edición del congreso se presentó el ciberescudo andaluz, fruto del Proyecto Alba, impulsado por Innova IRV, la Universidad de Málaga y la ADA, que busca la creación de un servicio DNS de acceso público con filtrado para cualquier sistema con acceso a Internet que sirva de ciberescudo andaluz. También se dieron a conocer los detalles del Centro de Ciberseguridad y de la Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía.

Sanz también ha anunciado un nuevo contrato de software por valor de 11 millones de euros que beneficiará a más de 7.000 profesionales de la Junta y facilitará el trabajo colaborativo y coordinación entre ellos, modernizando su desempeño diario, la eficacia y la eficiencia en el servicio público.

«Este contrato supone un paso más en la transformación digital de la administración poniendo en el centro las necesidades de los andaluces», ha comentado el consejero. Así, Sanz ha explicado que la duración del mismo es de 36 meses y «supone un avance hacia el trabajo en la nube de los profesionales de la Junta de Andalucía, permitiendo la flexibilidad laboral y la movilidad».

Para lograr esos objetivos, la ADA apuesta por Office 365: una solución de trabajo colaborativo que aporta nuevos mecanismos para generar y enriquecer los procesos ya existentes y favorecer las sinergias entre los distintos agentes implicados. A esto se añadirán las medidas de seguridad necesarias para garantizar su buen uso, no solo a través de antivirus, sino implementando controles de patrones de conexión o gestión segura de usuarios.

«La transformación de los procesos administrativos va a suponer más que la adaptación a una nueva herramienta: va a ser un cambio cultural en la manera de entender el trabajo por parte de los profesionales de la Junta de Andalucía», ha recalcado Sanz.

Para que esa adaptación sea óptima, se ha puesto en marcha un plan de Gestión del cambio, adopción y formación encabezado por expertos con materiales formativos.

El consejero ha hecho estos anuncios durante su visita al Centro Especializado en Análisis de Datos de PwC y la Universidad de Málaga (UMA). «La analítica de datos facilita la toma de decisiones y favorece la transformación digital de la administración para hacerla más eficaz y accesible», ha insistido Sanz, que además se ha referido a la importancia que tiene el tratamiento de los datos para alcanzar la transformación digital. «Los datos son clave en la Estrategia de Administración Digital centrada en las personas y que tiene entre sus objetivos una mayor trazabilidad para seguir el estado de los trámites de los ciudadanos y el uso de nuevas tecnologías como la robotización o la Inteligencia Artificial, simplificando trámites y acortando tiempos».

El estudio del dato permite también anticiparse a las necesidades de la ciudadanía para mejorar la operatividad en la atención a los andaluces. En este sentido, el consejero ha explicado que la ADA tiene a disposición de la ciudadanía la Iniciativa de Datos Abiertos, un portal desde el que se puede acceder a 715 conjuntos de datos procedentes de 50 organismos distintos.

También cuenta con proyectos en marcha como Carpeta ciudadana, la aplicación accesible desde el móvil y web que unifica en un solo lugar los trámites y gestiones de cada andaluz con la Administración, y que además permite obtener alertas y notificaciones llevando la Administración a cada ciudadano de forma personalizada.

Igualmente, la Ventanilla Electrónica, que permite presentar cualquier documentación a la Administración andaluza sin necesidad de desplazamiento o duplicidad de documentación y en la que se telematizaron más de 982 procesos durante el primer semestre. «Ejemplos de una transformación digital emprendida por la Junta de Andalucía que abarca no solo a la administración, sino también a la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás, y con el objetivo de una Andalucía 100% digitalizada», ha afirmado Sanz. Para ello, se están realizando inversiones para mejorar la experiencia de los usuarios, como el contrato de 47 millones para la telematización integral de los procedimientos administrativos aprobado por el Consejo de Gobierno hace unas semanas, y que pone el foco en la atención a las necesidades de cada persona de forma proactiva, eficaz y segura.