Seis condenados en Málaga por fraude en prestaciones y subsidios de desempleo

El Servicio de Estatal de Empleo (SEPE) ha cuantificado las prestaciones obtenidas de forma indebida como consecuencia de la actuación de los acusados en la cantidad de 388.990 euros, según se declara probado en la sentencia, en la que se señala que de 2016 a 2020 los dos principales acusados se pusieron de acuerdo «con ánimo de ilícito beneficio» y en colaboración con los otros cuatro.

Así, la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press«, señala que se conformó una red de empresas, »creadas y gestionadas por los dos primeros« en las que hicieron figurar como dueños o administradores a los demás, »de forma idónea para causar un perjuicio a las arcas públicas«. Estas empresas »no desarrollaron ninguna actividad comercial real«.

El fin era «dar altas fraudulentas en la Seguridad Social a supuestos trabajadores a los que previamente se les exigió el pago efectivo de una determinada cantidad de dinero en función del tiempo de alta y las necesidades concretas de cada trabajador». Tras esto, los empresarios «no pagaron las correspondientes cuotas, pero permitían al supuesto trabajador seguir cotizando».

La Sala considera probado la creación de distintas empresas que tenían como supuesta actividad la prestación de reparto de mercancías para centros comerciales de la provincia de Málaga, pero que «carecían de los elementos básicos de infraestructura», como naves industriales o flota de camiones y furgonetas; y también de una actividad económica «elemental».

Según las investigaciones que constan en la sentencia, el «elevado número de trabajadores» que figuran de alta en la Seguridad Social respecto de alguna de las empresas «choca con la ausencia de una gran actividad económica generadora de apuntes por ingresos/pagos», sin que se entregaran las cuotas de los falsos trabajadores por cuenta ajena.

Además, los acusados idearon «un plan directamente dirigido a conseguir de manera fraudulenta la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante la simulación absoluta de relaciones laborales inexistentes».

Por estos hechos, se condenó a los seis acusados por un delito de falsedad en documento oficial en concurso con otro de obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social, ambos con carácter continuado. A los dos principales procesados se les impone dos años de prisión y al resto, un año y medio. En la sentencia, dictada con la conformidad de los acusados, se aplica la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.