Retenidas con armas y vigiladas 24 horas: así era la trama que forzaba a mujeres a prostituirse en Fuengirola

Las víctimas vivían amenazadas a punta de pistola y sus movimientos eran continuamente monitorizados a través de cámaras de videovigilancia que la banda tenía instaladas en las casas. La Policía Nacional ha liberado a siete mujeres en el marco de la operación bautizada 'Yali', que también se ha saldado con la detención de once personas en Málaga y Madrid por su presunta vinculación al entramado criminal.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de una red que se habría asentado en Fuengirola para, presuntamente, explotar a sus víctimas en casas de citas. Tras varias pesquisas, los policías descubrieron que los supuestos integrantes de la rama española de la organización residían en Madrid, pero se desplazaban con frecuencia a Málaga para supervisar el funcionamiento de los pisos y recaudar los beneficios.

Las víctimas que acabaron en los pisos de citas -o pisos de los horrores-, según pudieron saber los investigadores, fueron en muchos casos captadas a través de redes sociales, donde la organización colgaba anuncios de falsas ofertas laborales como anzuelo para contactar con mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad económica. Al pinchar en estas publicaciones, los supuestos miembros de la trama se empleaban a fondo para convencerlas de que todo iría bien, proponiéndose para encargarse de los preparativos del viaje, de tramitar la documentación y adquirir los billetes de vuelo.

Así, el entramado contaba con colaboradores a los que encargaba funciones específicas, que iban desde el control de las víctimas a través de los sistemas de videovigilancia hasta sus traslados durante los servicios sexuales que se hubieran concertado fuera de los pisos. Supuestamente, también gestionaban la publicación de los mismos en distintas web de contactos y atendían las llamadas de los puteros para darles una cita.

Durante las indagaciones, los efectivos tuvieron conocimiento de que uno de los principales colaboradores de la banda, además de regentar uno de los prostíbulos, presuntamente amedrentaba continuamente a las mujeres con un arma de fuego y utilizaba la pistola para someterlas a situaciones denigrantes.

El negocio de la trata con fines de explotación sexual iba de la mano de la venta de drogas por parte de la misma organización, según concluyó la investigación. Al parecer, contaban con sustancias como cocaína, 'tusi' o cocaína rosa o comprimidos potenciadores del deseo sexual para aquellos puteros que lo demandaran. Asimismo, obligaban a las mujeres a consumir estas mismas sustancias para anular su voluntad y alargar la duración de los servicios sexuales. Todo para obtener mayores beneficios.

Las víctimas de trata, una vez que aterrizaban en territorio nacional, eran recogidas en el aeropuerto por los principales miembros de la trama o sus familiares. De ahí las llevaban en primer lugar a un piso particular y, a continuación, a las casas de citas, donde se les informaba de que habían contraído por su traslado una deuda que podía ascender hasta los 3.000 euros y que para saldarla tenían que ejercer la prostitución. Las condiciones que les imponían, según las pesquisas policiales, eran las siguientes: disponibilidad las 24 horas del día y los siete días de la semana, teniendo prohibido rechazar a ningún cliente ni servicio sexual.

La red criminal se quedaba con el 70% íntegro de los beneficios que generaba y solo el 30% era para cobrar su deuda. La única forma de escapar era saldando estas deudas, pero si las mujeres manifestaban su intención de abandonar los pisos, la organización les incrementaba el importe que debían pagar para que nunca consiguieran librarse.

El exhaustivo control que los integrantes de la trama ejercían sobre ellas, así como el hecho de que la explotación se produjera en pisos en vez de en clubs de alterne, eran factores que en un principio hacían más complicada la investigación policial. No obstante, los agentes fueron tirando de hilos, descubriendo además que la trama supuestamente contaba con una agencia de viajes en Madrid encargada de las gestiones de los billetes de avión y reservas de las víctimas de trata.

La operación 'Yoli', que ha contado además con la colaboración de las autoridades de Perú y la ONG OURrescue, se ha saldado con el rescate de siete víctimas de explotación sexual y la detención de once personas por delitos de trata, pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Seis de los supuestos criminales fueron arrestados en Fuengirola y otros cinco en Madrid.

Del mismo modo, durante el operativo se han realizado cuatro entradas y registros, dos de ellos en Madrid y otros dos en Fuengirola. Así, los policías han intervenido unos 5.000 euros en efectivo, documentación relacionada con la investigación, unos diez teléfonos móviles, un dispositivo informático USB y diversas sustancias estupefacientes, entre las que se encontraban dos gramos de cocaína rosa o «tusi», cinco gramos de hachís, uno de cocaína y marihuana.