9.000 euros por boda o por cada falso hijo: a juicio una red de matrimonios de conveniencia
El grupo desmantelado habría organizado enlaces en Madrid, Málaga, Murcia o Zaragoza con el objetivo de regularizar a migrantes sin papeles
Tenían, según la investigación, una auténtica red dedicada a orquestar matrimonios de conveniencia o crear falsas familias que aspiraban a reencontrarse. Una parte del grupo ... captaba a residentes legales solteros y con necesidades económicas. La otra, a migrantes sin papeles. Las piezas encajaban. El resultado, bodas o falsos hijos a 9.000 euros (cada uno).
La Fiscalía considera que los 11 acusados formarían parte de una organización «perfectamente estructurada» que habría organizado más de 60 expedientes -mediante matrimonios de conveniencia o falsos hijos- desde el año 2017 en las provincias de Málaga, Madrid, Murcia y Zaragoza.
Los tentáculos de la red, según el Ministerio Público, se habría extendido por varios países del continente, en los que captaban a ciudadanos que, al residir legalmente en Europa, podían otorgar ese mismo derecho a sus familias -de verdad- mediante el mecanismo de la reagrupación familiar.
Con este sistema, la organización se habría dedicado a «promover y facilitar» la permanencia irregular en España, «fuera de los cauces legales», de personas de origen subsahariano, principalmente de Ghana, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Para ello, habrían tratado de acreditar un «inexistente vínculo, bien conyugal o de pareja de hecho, bien paterno-filial», con residentes legales en países de la Unión Europea, que se desplazaban a España para obtener el certificado de Registro de ciudadano de la UE.
En el trámite, aportaban «documentos mendaces, facilitando empadronamiento ficticios, acompañando a los solicitantes a las diversas oficinas públicas», describe el Ministerio Público. A cambio, por prestarse a la treta, los residentes legales habrían obtenido una cantidad aproximada de 9.000 euros por persona en los más de 60 expedientes investigados.
La Fiscalía sostiene que la organización reclutaba a estas personas, que carecían de cualquier vínculo con España, y las trasladaba aquí «por el tiempo estrictamente necesario para los trámites administrativos imprescindibles» con el fin de obtener el certificado de registro.
Para acreditar su medio de vida, se les daba de alta en la Seguridad Social bien como autónomo, bien como trabajador por cuenta ajena, aunque se tramitaba su baja tras la verificación por parte de las autoridades policiales. También abrían cuentas bancarias que en realidad nunca usaban, pero que permitían a la organización canalizar los ingresos.
Respecto al lugar de residencia, al parecer facilitaban como domicilio cualquiera de las viviendas de los supuestos integrantes de la red, mientras que para acreditar su asistencia sanitaria, contrataban un seguro de enfermedad con las coberturas exigidas, siempre según el escrito de conclusiones provisionales.
La red proporcionaba pasaportes presuntamente falsificados a los clientes que pretendía regularizar su situación. Para demostrar el vínculo familiar, en especial el de ser hijos menores de 21 años, se aportaban «mendaces partidas de nacimiento ghanesas», sostiene el fiscal.
En los 60 casos investigados se constataron circunstancias que revelaban ese carácter fraudulento de los expedientes. Por ejemplo, si un padre reagrupaba a varios hijos, estos solían ser de madres diferentes, pero nacidos en fechas muy próximas. Encima, la inscripción de los nacimientos no se hacía cuando se producían los mismos, sino años después y, casualmente, meses antes de iniciar los expedientes.
También se detectó que las empresas que los daban de alta o que contrataban a los trabajadores carecían de actividad real y, además, los acusados facilitaban en varios expedientes las mismas direcciones, bien de domicilios en los que residían o de las sedes de empresas o autónomos.
Por ejemplo, facilitaron la dirección de una vivienda en la calle Genoveses, en el distrito Bailén-Miraflores de Málaga, que utilizaron en ocho expedientes de reagrupación; otro domicilio en la calle Papamosca (Portada Alta, también en Málaga) apareció en nueve; y por último, un piso de la calle Eresma (Palma-Palmilla) figuró en otros tres casos.
La investigación detectó expedientes sospechosos en domicilios de Madrid, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Alcorcón, Lorca (Murcia), Toledo, Guadalajara o Zaragoza, lo que da una idea de la extensión de la red.
La intervención judicial de sus comunicaciones telefónicas, en las que habrían llegado a utilizar seis teléfonos diferentes para dificultar la investigación de sus actividades, permitió conocer la estructura y el liderazgo de la organización, añade el fiscal.
En el segundo nivel de la red se situarían personas repartidas por varias provincias españolas que gozan de la máxima confianza del cabecilla y que llevan a cabo las funciones necesarias para materializar la actividad, desde conseguir certificados de empadronamientos falsos hasta acompañar a los clientes a las oficinas de extranjería, a fin de realizar los trámites administrativos.
A los 11 supuestos integrantes de la organización se les atribuyen delitos de favorecimiento de la inmigración clandestina y falsificación de documentos. Para el supuesto cabecilla de la red, el fiscal pide una pena de 11 años de prisión, mientras que para los otros 10 acusados solicita ocho años y medio. Todos ellos se sentarán en el banquillo en junio.
Además, el escrito de conclusiones del Ministerio Público destaca los expedientes más relevantes, sobre los que se han abierto piezas separadas para «depurar la responsabilidad» de las personas que pedían ser reagrupadas. Es decir, de los clientes.
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