El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres

En el escrito de petición de penas del Ministerio Público, al que ha tenido acceso SUR, se apunta a que el párroco, de 35 años, habría perpretado los presuntos delitos de abusos sexuales con penetración, lesiones y revelación y descubrimiento de secretos, por las grabaciones no consentidas. La acusación del fiscal se fundamenta en hechos como la administración de sustancias desconocidas, probablemente éxtasis líquido, a sus cuatro supuestas víctimas, quienes quedaron privadas de conciencia y fueron sometidas a abusos sexuales, incluyendo penetraciones y tocamientos, en situaciones de confianza propiciadas por su relación de varios años con el acusado.

El fiscal detalla que el acusado aprovechaba su condición de sacerdote y «la fuerte relación de confianza con las víctimas para suministrarles sustancias, que las sumían en un estado de somnolencia y vulnerabilidad». Así, en los cuatro casos analizados el Ministerio Público señala un mismo 'modus operandi', consistente en que, «sin que sus víctimas se percataran, les suministraba una sustancia desconocida (con toda probabilidad, éxtasis liquido o 'alegría'), lo que las sumía en una profunda situación de somnolencia, en la que no eran conscientes de nada de lo que les pudiera ocurrir, consiguiendo, de esta manera, evitar cualquier defensa por parte de la víctima y asegurar la ejecución de lo que previamente había planeado hacer».

En ese estado de «somnolencia», se cometían hechos de naturaleza sexual, que eran grabados y fotografiados sin el consentimiento de las presuntas víctimas, evidenciando una clara vulneración de su intimidad y derechos. «El acusado, con intención de satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima (ya que se encontraba privada de consciencia), era cuando aprovechaba para realizarles tocamientos por la zona vaginal y anal, llegando en diversas ocasiones, a realizar penetraciones anales y vaginales con los dedos, sin que las víctimas, absolutamente indefensas, pudieran hacer nada para evitarlo», sostiene el escrito del Ministerio Público.

Dichas actuaciones eran grabadas y fotografiadas por el acusado, «sin el permiso de sus víctimas, y con la evidente intención de vulnerar su intimidad». A una de sus cuatro presuntas víctimas, le realizó además «grabaciones cuando se encontraba de espaldas, vistiendo un bikini-tanga, en una despedida de solteros en Torremolinos». «Igualmente, realizó grabaciones en situaciones cotidianas de intimidad, cuando se encontraba en su domicilio de Málaga», apostilla el fiscal. Los hechos relatados con las cuatro supuestas víctimas habrían ocurrido en domicilios de la capital malagueña, Vélez-Málaga, Valdepeñas (Ciudad Real) y Ardales, en distintos momentos, entre 2004 y 2023, y en un vehículo.

Según el fiscal, las perjudicadas «no fueron conscientes ni tuvieron conocimiento en ningún momento de los hechos, continuando su relación de amistad y confianza con el acusado a lo largo de los años, hasta que finalmente, en las Navidades de 2022, la entonces pareja sentimental del acusado, en el domicilio parroquial en el que cohabitaban en Melilla, encontró, casualmente, un disco duro externo, que procedió a visionar, en la creencia de que había allí grabadas películas o series de televisión, encontrando, en cambio, grabaciones y fotos sexuales de todas las perjudicadas«.

Fue en ese momento cuando la pareja sentimental del padre Fran, «consciente de la gravedad de los hechos que había descubierto, cometidos por la que fue su pareja sentimental desde mayo de 2022 hasta mayo de 2023, intentó ponerlo en conocimiento de las autoridades religiosas de Melilla y Málaga, bien personalmente, bien a través de correos electrónicos, sin que dichas autoridades tuvieran a bien escucharla, o colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o tomar medida alguna, más allá de trasladar al acusado a las parroquias de El Burgo y Yunquera».

Ante esta situación, la novia optó por denunciar los hechos el 24 de agosto de 2023 ante la Policía Nacional, a la que entregó copia del material elaborado por el padre Fran. Fue en ese momento cuando todas las víctimas tuvieron conocimiento de la situación. De las cuatro víctimas el Ministerio Público señala que, como consecuencia de estos hechos, «presentan daño psíquico que le ha originado un trastorno adaptativo, provocado por un daño psicológico, psíquico y moral que le ha producido una perturbación patológica del equilibrio psíquico preexistente, causante de quebranto en su personalidad y responsable de un detrimento del área afectiva, volitiva e iniciativa en sus relaciones personales y la interacción con el medio».

Por otro lado, el fiscal solicita diversas medidas de prueba para el juicio ante la Audiencia Provincial, incluyendo interrogatorios y testificales a varias testigos, así como la reproducción de las imágenes y vídeos en la vista oral. También propone que se asegure la responsabilidad civil del Obispado de Málaga respecto a las víctimas, por los daños morales y psíquicos, y establece las cantidades reclamadas por ellas, concretamente, 300.000 euros para cada una de las víctimas.

El fiscal entiende que en este caso concurre la circunstancia agravante de abuso de confianza. Propone además imponer al acusado la pena de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de sus cuatro víctimas y de comunicarse con éstas por cualquier medio durante 10 años. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial, en una fecha aún por determinar. Por su parte, el padre Fran, que declaró en mayo de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Vélez-Málaga, reconoció que «consumían mucho alcohol, pero no los abusos sexuales ni que hubiera drogado a las mujeres».