El juzgado revisará todos los casos en los que trabajó el secretario judicial que robó 19 millones en criptomonedas
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma que se examinarán las causas entre octubre de 2023, cuando se incorporó como LAJ sustituto, hasta enero de 2025, fecha en que cesó
El escándalo de corrupción judicial descubierto y extirpado por la Policía Nacional aún no ha escrito su última línea. La investigación en torno al LAJ ( ... Letrado de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales) no sólo se circunscribe al robo de 19 millones de euros en criptomonedas, por el que ya ha sido detenido.
Según ha podido saber SUR, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, donde el arrestado trabajaba como sustituto, ha decidido «comprobar toda la labor» llevada a cabo por el secretario sustituto desde su incorporación en octubre de 2023 hasta el día 2 de enero en 2025, que fue cuando cesó por incorporación de la LAJ titular.
La comprobación que se está haciendo en el juzgado no obedece a una sospecha o a una causa concreta, sino que se ha decidido examinar todo su trabajo después de que él mismo confesara haberse apropiado de los casi 19 millones, que habían sido intervenidos en una operación policial.
No en vano, el autor del robo era el secretario judicial cuando se instruyó en su juzgado la 'operación Geld', en la que la policía intervino una serie de carteras virtuales a un supuesto estafador detenido en Marbella que habría amasado una notable fortuna en criptomonedas con dinero procedente del fraude y el blanqueo de capitales.
En ese momento los criptoactivos tenían un valor de 17 millones de euros y las claves de las carteras digitales donde se almacenaban quedaron en un sobre cerrado y sellado que permaneció varios días bajo custodia.
Más tarde, el sobre fue enviado a una cuenta de consignaciones judiciales que se guardaba en una cámara acorazada y, por último, tres meses después, fue trasladado a Madrid a las oficinas del Órgano de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia.
En enero, cuando los funcionarios de la ORGA accedieron a las carteras virtuales para convertir los criptoactivos en euros, descubrieron que estaban prácticamente vacías. Quedaban menos de 100.000 euros de los casi 19 millones que debía haber.
Tras ir descartando sospechosos, los investigadores de la Policía Nacional centraron sus indagaciones en un LAJ que se encontraba en esos momentos realizando una sustitución en el juzgado de Marbella que instruyó la causa. Esta persona, según las pesquisas, se autodefinía como «criptoinversor» y había comprado una billetera de cripto para guardar de manera segura las claves privadas.
El sospechoso era plenamente consciente del valor de lo intervenido, según la policía, y había indicios de que presuntamente había demorado la entrega del sobre a la cuenta de consignaciones judiciales. También habría programado la llegada del sobre tres meses más tarde a la ORGA. Los investigadores interpretan esta maniobra como un intento de que las claves salieran de la esfera de Málaga.
Con ello, los agentes están convencidos de que pretendía llevar a cabo el robo después de que el sobre llegara a la ORGA para diluir la responsabilidad y extender el manto de la sospecha, pero la jugada le salió mal: el envío se retrasó por una cuestión ajena a su voluntad y el golpe se produjo antes de que las claves llegaran al órgano de recuperación de activos.
Con toda la información que habían recabado, los agentes realizaron un registro simultáneo de tres localizaciones vinculadas al sospechoso donde podrían esconderse las claves de las carteras digitales delictivas. Así fue cómo localizaron, bajo el marco de la puerta de un armario, una bola de papel con las nuevas claves. El LAJ, ya detenido, terminó por confesar los hechos.
El hombre está investigado por la presunta comisión de un delito de malversación cometido por funcionario y de infidelidad en la custodia de documento público, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que le tomó declaración tras su arresto, decidió dejarlo en libertad provisional con la medida cautelar de suspensión de sus funciones en el órgano judicial.
El investigado formaba parte de la bolsa de trabajo en la que licenciados en Derecho podían aspirar a realizar estas tareas en órganos judiciales. Fue llamado para sustituir a la LAJ del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella que se encontraba realizando una comisión de servicio en Madrid.
Aunque el juzgado de guardia de Málaga ya acordó la suspensión de sus funciones como LAJ tras su detención, el secretario coordinador de Málaga ha elevado una petición al Ministerio de Justicia para que el investigado sea definitivamente expulsado o cesado de la bolsa de trabajo de secretarios judiciales sustitutos.
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