La Fiscalía alerta de que la impunidad en el maltrato a mayores es «muy superior» a la de la violencia de género

Las reflexiones provienen de la última memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, hecha pública ayer, que dedica un apartado especial al maltrato a personas con más de 60 años. El documento se centra exclusivamente en Málaga, donde se contabiliza esta forma de violencia desde 2003, cuando los representantes del Ministerio Público en la provincia empezaron a registrar estas estadísticas.

La memoria fiscal, que se refiere a la actividad judicial en 2021, refleja un ligero incremento en los casos de maltrato a mayores, que pasaron de 32 (en 2020) a 38 (el año pasado). No obstante, la tasa más alta se sitúa en 2011, donde se superó el centenar de diligencias de investigación impulsadas por el Ministerio Público.

El documento judicial recuerda que esta actividad se inició a raíz de la creación de un protocolo en Andalucía por parte de la entonces Consejería de Igualdad y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Violencia de Género, del que se hizo partícipes a los fiscales andaluces.

A partir de 2003, el Ministerio Público realiza un recuento en Málaga del número de casos, que acaba de superar el millar desde entonces. La Fiscalía insiste en que este asunto merece un «especial» reproche penal dado la máxima vulnerabilidad de las víctimas, que «nunca» han denunciado.

En consecuencia, el trinomio «mayor-maltratado-vulnerable» deriva en un «oscurantismo» a la hora de denunciar, lo que contribuye a que estas conductas permanezcan, según el documento judicial.

La Fiscalía de Málaga subraya la «dependencia física y emocional» de la víctima hacia el agresor o agresores, al tiempo que matiza que, en ocasiones, se da la circunstancia de que bajo un mismo techo conviven varios maltratadores.

La memoria fiscal pone el acento en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime de declarar contra el procesado a los parientes en línea directa ascendente y descendente (padres e hijos), su cónyuge o persona unida por relación de hecho. El artículo, como ha denunciado en multitud de ocasiones la propia fiscal delegada Flor de Torres, se convierte en una fuente de impunidad en la violencia de género, donde multitud de procedimientos acaban archivados o en sentencias absolutorias debido a que muchas de las víctimas se echan atrás durante el proceso y rehúsan testificar contra el maltratador.

Pues bien, en el caso de la violencia sobre los mayores, la Fiscalía destaca que se produce un «amplísimo espectro» de los efectos del artículo 416. «El maltratado usa de forma casi absoluta este beneficio legal por los amplios vínculos afectivos y de dependencia unidos a su maltratador», resalta la memoria fiscal. No en vano, se trata, generalmente, de hijos, yernos, nueras o nietos.

La Fiscalía reconoce que esta fuente de impunidad en el maltrato a mayores es «muy superior» a la de los casos de violencia machista. En este sentido, apuntan en la memoria, existe también un componente de género en la violencia sobre los ancianos, donde el agresor, por «aplastante mayoría», es un hombre, mientras que que la víctima suele ser una mujer.