El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran

Tal y como adelantó SUR, el fiscal pide para el expárroco una pena de 72 años de cárcel y una indemnización de 300.000 euros para cada una de las cuatro presuntas víctimas, por la comisión de los presuntos delitos de abusos sexuales con penetración, lesiones y revelación y descubrimiento de secretos, por las grabaciones no consentidas. Respecto a las indemnizaciones, el Ministerio Público recoge en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, que del pago de dichas cantidades «responderá, como responsable civil subsidiario, el Obispado de la Diócesis de Málaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 120, párrafo tres del Código Penal».

Según el fiscal, las perjudicadas «no fueron conscientes ni tuvieron conocimiento en ningún momento de los hechos, continuando su relación de amistad y confianza con el acusado a lo largo de los años, hasta que finalmente, en las Navidades de 2022, la entonces pareja sentimental del acusado, en el domicilio parroquial en el cohabitaban en Melilla, encontró, casualmente, un disco duro externo, que procedió a visionar, en la creencia de que había allí grabadas películas o series de televisión, encontrando, en cambio, grabaciones y fotos sexuales de todas las perjudicadas«.

Fue en ese momento cuando la entonces novia del padre Fran, «consciente de la gravedad de los hechos que había descubierto, cometidos por la que fue su pareja sentimental desde mayo de 2022 a mayo de 2023, intentó ponerlo en conocimiento de las autoridades religiosas de Melilla y Málaga, bien personalmente, bien a través de correos electrónicos, sin que dichas autoridades tuvieran a bien escucharla, o colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o tomar medida alguna, más allá de trasladar al acusado a las parroquias de El Burgo y Yunquera».

Y es que, tal y como ya publicó este periódico en octubre de 2023, el Obispado mantuvo al padre Fran al frente de una parroquia pese a recibir cuatro avisos de sus actividades. La exnovia del sacerdote acudió hasta en dos ocasiones a la iglesia de Melilla y envió sendos correos a la Diócesis para alertar de que había encontrado «un delito».

El fiscal detalla en su escrito que el acusado aprovechaba su condición de sacerdote y «la fuerte relación de confianza con las víctimas para suministrarles sustancias, que las sumían en un estado de somnolencia y vulnerabilidad». Así, en los cuatro casos analizados el Ministerio Público señala un mismo 'modus operandi', consistente en que, «sin que sus víctimas se percataran, les suministraba una sustancia desconocida (con toda probabilidad, éxtasis liquido o 'alegría'), lo que las sumía en una profunda situación de somnolencia, en la que no eran conscientes de nada de lo que les pudiera ocurrir, consiguiendo, de esta manera, evitar cualquier defensa por parte de la víctima y asegurar la ejecución de lo que previamente había planeado hacer».

En ese estado de «somnolencia», se cometían hechos de naturaleza sexual, que eran grabados y fotografiados sin el consentimiento de las presuntas víctimas, evidenciando una clara vulneración de su intimidad y derechos. «El acusado, con intención de satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima (ya que se encontraba privada de consciencia), era cuando aprovechaba para realizarles tocamientos por la zona vaginal y anal, llegando en diversas ocasiones, a realizar penetraciones anales y vaginales con los dedos, sin que las víctimas, absolutamente indefensas, pudieran hacer nada para evitarlo», sostiene el escrito del Ministerio Público.

Dichas actuaciones eran grabadas y fotografiadas por el acusado, «sin el permiso de sus víctimas, y con la evidente intención de vulnerar su intimidad». A una de sus cuatro presuntas víctimas, le realizó además «grabaciones cuando se encontraba de espaldas, vistiendo un bikini-tanga, en una despedida de solteros en Torremolinos». «Igualmente, realizó grabaciones en situaciones cotidianas de intimidad, cuando se encontraba en su domicilio de Málaga», apostilla el fiscal. Los hechos relatados con las cuatro supuestas víctimas habrían ocurrido en domicilios de la capital malagueña, Vélez-Málaga, Valdepeñas (Ciudad Real) y Ardales, en distintos momentos, entre 2004 y 2023, y en un vehículo.

El juicio al padre Fran se celebrará en la Audiencia Provincial, en una fecha aún por determinar. Por su parte, el párroco, que declaró en mayo de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Vélez-Málaga, reconoció que «consumían mucho alcohol, pero no los abusos sexuales ni que hubiera drogado a las mujeres».