El farmacéutico detenido en Torremolinos guardaba 160.000 euros en un altillo

Para los agentes, el hallazgo de dinero en efectivo respondería a los ingresos presuntamente ilícitos obtenidos por la trama. No en vano, la Policía Nacional calcula que el negocio de la venta clandestina de tramadol habría supuesto para el farmacéutico unos ingresos de 60.000 euros al trimestre, «en efectivo y sin pagar impuestos», apostilla uno de los responsables de la investigación, liderada por el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena. Y estima que el boticario podría llevar cinco años realizando esta actividad.

El origen de las pesquisas fue un informe de la Consejería de Salud donde quedaba reflejada la compra de 36.964 envases del analgésico. Técnicos de la Junta de Andalucía lo descubrieron durante una inspección rutinaria en la farmacia de Torremolinos. Según los investigadores, era una cantidad muy superior a la que le correspondería almacenar a tenor del volumen de negocio de la botica. Del hallazgo se informó a la Fiscalía de Málaga, que ofició a la Policía Nacional para que indagara en los hechos.

Los seguimientos y vigilancias de los agentes permitieron descubrir lo que consideran una «trama» de distribución internacional de este potente analgésico, de la familia de los opioides, cuyo consumo produce, a pequeña escala, un efecto similar al de la heroína. El acceso en determinados países de África, Oriente Medio o el suroeste asiático es muy complicado, de ahí el negocio. El tramadol es muy popular en las guerrillas, hasta el punto de ser conocida, por ejemplo, como la droga de los yihadistas nigerianos de Boko Haram. Un informe de la BBC habla de ellos como un «ejército de adictos» convencidos de que los vuelve «más fuertes y valientes».

Según la policía, el boticario investigado se servía de su licencia para comprar grandes cantidades de tramadol directamente a los laboratorios, en lugar de hacerlo a través de las cooperativas de farmacia. Cuando recibían los pedidos, sacaban los blíster y se deshacían presuntamente del embalaje original para evitar que se pudiera seguir la trazabilidad del producto. A los clientes del supuesto negocio clandestino, que eran a su vez distribuidores en los distintos mercados internacionales, les entregaban unas cajas sin rotular que contenían los blíster extraídos.

Para realizar las estimaciones del beneficio obtenido, los agentes han tomado como referencia el precio real de las cajas que contienen cuatro o cinco envases de pastillas, y que se venden legalmente -bajo receta- por unos seis euros. El coste de adquirirlo al laboratorio es inferior, unos cuatro euros, según los investigadores. «En el Líbano, el precio se puede multiplicar por seis o por ocho», afirma uno de los responsables de la operación policial.

Uno de los detenidos, sospechoso de distribuir el tramadol en este país asiático, estaba buscado por Suecia por narcotráfico y se hacía pasar por un ciudadano colombiano, apuntan los agentes que han llevado el caso. Supuestamente, a los clientes de esta trama los atendían por la puerta del almacén o quedaban en ellos en un punto concreto. Todas las transacciones se hacían en metálico, siempre según los investigadores del caso.

Para la policía, el presunto cabecilla era el titular de la farmacia. Los agentes sitúan a dos de sus trabajadores -arrestados en la operación- como sus supuestos colaboradores, ya que eran de su confianza y llevaban años en la botica. También hay una empleada investigada, que no llegó a ser detenida al considerar inferior su posible grado de participación. En los registros, intervinieron 223.825 euros en efectivo y 2.650 cajas del opiáceo sintético que contenían más de 250.000 pastillas.