La declaración de 80 investigados por los pozos ilegales en la Axarquía, pendiente desde hace casi un año

El operativo culminó con la detención de 26 personas y la investigación de otras 44 por supuestos delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y usurpación de aguas públicas, habiéndose detectado más de 250 aprovechamientos ilegales entre pozos, balsas y sondeos. En la comarca oriental, los agentes pudieron comprobar extracciones continuadas de aguas subterráneas públicas que habría ocasionado unos daños al dominio público hidráulico de alrededor de unos diez millones de euros.

Sin embargo, casi dos años después de iniciarse la operación del Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, las declaraciones de los más de 80 investigados en este caso de la supuesta gestión irregular y extracciones presuntamente ilegales del agua, centrada principalmente en la Axarquía, están pendientes de practicarse desde marzo del pasado año 2024 cuando se acordó por parte del juzgado al que le correspondió la causa.

En una providencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga, fechada en concreto el pasado 7 de marzo de 2024, se acordó oír en declaraciones a las personas y responsables de entidades investigadas, así como a testigos, al considerar el juzgado que era necesario practicar más diligencias de las realizadas hasta ese momento. Sin embargo, desde entonces, tras prorrogarse seis meses el plazo de instrucción, «no se ha hecho nada más», según ha asegurado este lunes a SUR el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez.

Los investigados serían inicialmente 36 personas físicas, a las que se suman ocho personas jurídicas y 39 partícipes a título lucrativo. En cuanto a los testigos, entre los que se acuerda llamar a declarar se encuentran agentes del Seprona de la Guardia Civil. Asimismo, en la misma fecha se acordó la prórroga de las actuaciones. Benítez ha detallado que tras la última reforma legal de la ley de enjuiciamiento criminal, en 2021, ahora el plazo es de un año desde la incoación de las prórrogas sucesivas de seis meses, por lo que no cabría la nulidad de las actuaciones por la caducidad de los plazos de la instrucción judicial.

Los presuntos delitos que se investigan son la usurpación de aguas, delito medio ambiental y daños al dominio público hidráulico. El fiscal delegado del área de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga ha señalado que desde dichas resoluciones del pasado año «no se ha practicado ninguna diligencia» en este procedimiento en el juzgado, que en este tiempo ha cambiado de titular por traslado de la anterior, según recogió la agencia Europa Press.

Benítez ha indicado que es ahora cuando se ha retomado la actividad, aunque aún se tienen que practicar las declaraciones y ha advertido de que la falta de medios «pone en peligro la investigación de esta causa» y de que «sin personal de apoyo, tanto funcionarios como un juez de apoyo, será difícil terminar la instrucción en un plazo razonable». «La infradotación de los juzgados de la provincia se convierten en dramática cuando se le turna una causa del volumen de la citada, con más de 80 investigados», ha apuntado el representante del ministerio público a Europa Press.

Esta causa se incoó en 2023 a raíz de una investigación tras una denuncia del Seprona de la Guardia Civil y de la Fiscalía de Medio Ambiente contra el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la zona de la Axarquía malagueña y la extracción continuada supuestamente ilegal.

En total, se investigaron 299 aprovechamientos hídricos, entre pozos, sondeos o balsas. De ellos, inicialmente más de 250 eran ilegales, estimándose que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos, aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en los mencionados 10.000.000 euros.

La investigación se inició hace cuatro años, cuando se recibió una denuncia ante el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga por el uso fraudulento del agua para el riego en la comarca de la Axarquía por parte de agricultores de cultivos subtropicales que podrían estar provocando «un daño importante de las reservas hidráulicas».

Posteriormente a esta denuncia se sumaron otras, entre ellas, la realizada de manera colectiva por parte de varios agricultores de la zona que denunciaron a la Junta de Gobierno de varias Comunidades de Regantes por el mal uso del agua, ya que se estaba permitiendo el riego fuera del rango de cota 140, estando completamente prohibido, con el consiguiente perjuicio económico para los agricultores que se ajustaban a lo legalmente establecido.