Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Según se expone en la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, el acusado tenía 47 años cuando entabló contacto con la víctima, de 16, a través de la plataforma W-Match. Tras darse los números e intercambiar varios mensajes por WhatsApp, el encausado, que residía en otra provincia española, se desplazó hasta Antequera, donde vivía la menor, con el fin de conocerla.

El hombre actuaba como si ambos se hubieran enamorado y se hacían promesas de un futuro juntos si la relación funcionaba. El día de autos, el 16 de octubre de 2020, convenció a la adolescente para que abandonara el domicilio familiar y la trasladó con él a una vivienda que había alquilado, donde mantuvieron relaciones.

La menor fue localizada al día siguiente en las inmediaciones de una plaza de su pueblo, después de que su familia hubiera presentado una denuncia por su desaparición. De acuerdo con la resolución, la víctima tiene diagnosticado un grado de discapacidad del 66 por ciento a causa de un retraso mental ligero, entre otras características que la posicionan en un «lugar de alta vulnerabilidad».

La defensa del acusado llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que el hombre reconoció su culpabilidad, tras lo que la acusación pública fijó la pena que solicitaba en dos años de cárcel. No obstante, al no tener antecedentes penales, se le ha concedido la suspensión del ingreso en prisión durante un plazo de tres años, lo que está condicionado a que no vuelva a delinquir en este plazo y a que indemnice a la víctima en la cantidad de 3.000 euros. De lo contrario, sí tendrá que cumplir la pena en un centro penitenciario.

El fallo, por otro lado, incluye la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la joven o comunicarse con ella durante tres años, así como cinco años de libertad vigilada en los que tendrá que participar en programas de educación sexual.

Durante un lustro, de acuerdo con la resolución, también ha sido inhabilitado para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guardia o acogimiento de menores, o para desempeñar cualquier profesión u oficio, sea remunerado o no, que conlleve contacto regular y directo con niños y adolescentes.