En busca y captura un pederasta condenado a 18 años de cárcel por abusar de tres menores, una de las cuales pensó suicidarse

Desde entonces, el penado, de origen nigeriano y de unos 60 años, ha desoído todos los requerimientos para que se presente en el juzgado e ingrese en la cárcel con el fin de cumplir su condena. Tras agotar todos los plazos, la Sección Primera de la Audiencia malagueña ha dictado un orden de busca, captura e ingreso en prisión. Por ahora no ha sido localizado.

La investigación del caso se remonta al año 2019, cuando una de las tres víctimas publicó la siguiente pregunta en un chat de WhatsApp que compartía con sus compañeros de clase en un centro educativo de la capital: «¿Quién alguna vez ha pensado en suicidarse».

El mensaje despertó la preocupación entre la comunidad escolar y llegó a oídos de su tutora, que conversó con ella para saber lo que le estaba pasando. A la docente le contó los abusos sexuales que estaba sufriendo por parte de un hombre.

Los tocamientos habían comenzado mucho antes, cuando ella tenía tan solo nueve años, y se habían producido siempre en el contexto del piso que su madre y ella compartían con aquel individuo. Él era el titular del contrato de alquiler del piso, que subarrendaba por habitaciones, y en el que vivía con su pareja, dos hijos en común y una hija de ella de una relación anterior. La hijastra es, a ojos de la justicia, otra de las víctimas del pederasta.

El matrimonio había alquilado un cuarto a la madre de la menor que escribió el mensaje de suicidio y el otro a una mujer que trabajaba en Lorca (Murcia) y que solía dejar a su hija -la tercera víctima- a cargo de la compañera sentimental del condenado.

La sentencia de la Audiencia, dictada en mayo de 2023, consideró probado que el hombre realizó tocamientos «en múltiples ocasiones» a la primera menor (la que escribió en el chat del colegio), llegando a ocasionarle lesiones vaginales, al tiempo que le pedía que «no contara nada a nadie». La víctima ha estado representada en la causa por la abogada Marta Bulnes Alonso, que ejerció la acusación particular.

La Sala también entendió acreditado que en el verano de 2016 o 2017 el procesado llevó a las tres menores -las dos niñas con las que convivía y su hijastra- a una habitación, les ordenó que se quitaran la ropa y les hizo tocamientos «sucesivamente», pidiéndoles que no revelaran nada de lo sucedido.

El tribunal concluyó que, como establece la jurisprudencia, la declaración de dos de las menores era prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, ya que sus testimonios habían sido considerados creíbles en el informe pericial elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

En el juicio, el acusado, su pareja y su hijastra mantuvieron que todo era un invento de la denunciante y de su madre porque llevaban varios meses sin pagar el alquiler y les habían pedido que abandonaran la vivienda, por lo que habrían actuado así «como venganza por esta advertencia».

El procesado añadió que, además, la madre de la menor «tal vez se interesó por él», que su pareja se lo recriminó a la mujer y ella, como represalia, dejó de pagar el alquiler, debiendo 520 euros de renta de la habitación.

El tribunal no se creyó esta versión y concluyó que no hay una prueba objetiva sobre ello, sino «meras alegaciones verbales contradictorias» entre el procesado, su pareja y la hijastra respecto a las supuestas insinuaciones de la madre hacia el condenado.

La Audiencia impuso al procesado una pena de 18 años de prisión, 10 de ellos por los abusos sobre la primera menor -la que publicó el mensaje de suicidio-; cuatro años y medio por los tocamientos a la segunda, y tres años y medio por su hijastra, pese a que ella lo negara.

A estas penas hay que sumar una orden de alejamiento de 20 años respecto a la primera niña y otros 14 años respecto a la segunda. Además, establece indemnizaciones para ambas de 30.000 y 5.000 euros, respectivamente.

La defensa del condenado interpuso recurso ante el TSJA alegando contradicciones y un error en la valoración de la prueba -las declaraciones de las dos menores- que había llevado a una vulneración del principio de presunción de inocencia.

El Alto Tribunal andaluz rechazó sus argumentos sobre el interés espurio de la denunciante y recordó que el procedimiento no arrancó por la madre, sino por su hija: «[...] es su acción de preguntar en un chat de sus compañeros del colegio sobre el suicidio la que accionó las alertas y terminó con sus profesores o tutores del colegio instándole a que les contara las causas por las que se interesaba por ese tema».

Según el TSJA, «este no es el comportamiento lógico y normal de una menor de 12 años que pretende vengarse de una persona; muy al contrario, denota el de una niña afectada por vivencias no deseadas , y que sin embargo no denuncia directamente a la policía, por ejemplo».

De hecho, el tribunal recuerda que la segunda niña ni siquiera actuó como denunciante, sino que fue citada en el juzgado a instancias de la declaración de la primera: «Ninguna razón creíble se alega del motivo que pudiere tener la otra menor para unirse a esa confabulación, mas allá la que se alega en el recurso de «que son la maldad personificadas».