Cae una banda que estafaba a ancianos malagueños obligándoles a comprar colecciones de libros

Los delincuentes amenazaban y coaccionaban a las víctimas, entre las que también hay personas en situación de dependencia o con discapacidad

Viernes, 25 de febrero 2022, 12:14

Se hicieron con bases de datos de clientes que habían comprado alguna vez un producto a otras empresas y lo examinaron con lupa. Sabían muy bien lo que buscaban, tenían muy claro el perfil de quienes se convertirían en sus víctimas: ancianos, personas en situación de dependencia o con alguna discapacidad. A ellos los amenazaron y los coaccionaron para estafarles obligándoles a adquirir colecciones de libros y otros artículos por precios hasta 25 veces por encima del valor de mercado.

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La banda ha sido completamente desarticulada por la Guardia Civil en el marco de la bautizada como 'operación Mendacium', que arrancó cuando la Benemérita recibió varias denuncias de estafas en las que coincidía el 'modus operandi'. Además del perfil de las víctimas, en ellas contaban que recibían constantes coacciones y amenazas de forma presencial o a través de llamadas telefónicas para adquirir diversas colecciones de libros u otros productos del hogar.

Los investigadores descubrieron entonces que había una red criminal que adquiría de forma ilegal bases de datos personales de clientes de otras empresas. En estos documentos se reflejaba todo tipo de información personal, como las circunstancias económicas, tipos de productos adquiridos anteriormente, incluso su DNI y la firma.

Así es como la banda seleccionaba a las víctimas, a las que, engañándolas con diversos métodos, las obligaban a adquirir nuevas colecciones. Desde el Instituto Armado han precisado que las amenazaban con ser penalizadas con el pago de diferentes sumas de dinero si no adquirían sus productos, a lo que la víctima accedía ante la posibilidad de tener problemas legales.

Acudían a las viviendas

De hecho, los miembros de esta organización acudían a los domicilios de sus víctimas haciéndose pasar por abogados de la empresa. Allí los amenazaban con ponerles denuncias por impago y el embargo de sus pensiones si no accedían a comprar colecciones de libros que no deseaban y que tenían precios que oscilaban entre los 1.500 y los 3.000 euros.

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La banda también los engañaba con falsos descuentos en los productos por su condición de pensionistas, por fidelización o por ser beneficiarios de algún tipo de subvención. Sin embargo, todo era falso, ya que los precios por los que adquirían los productos eran incluso hasta 25 veces superiores a su valor de mercado.

Por otro lado, desde la Guardia Civil han explicado que la banda, al poseer los datos personales de las víctimas, llegaba a falsificar los contratos de compraventa y financiación. De esta forma, en algunos casos, los afectados incluso desconocían la existencia de la compra, habiéndose percatado de que estaba pagando una financiación posteriormente.

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Todas estas compras fraudulentas eran financiadas por diferentes entidades y, para asegurarse la aprobación de la financiación, la red criminal utilizaba de forma sucesiva varias empresas con las que, en caso de que fuese rechazado el crédito, ésta era solicitada nuevamente desde otra sociedad, adaptándose a los requisitos para asegurarse la aprobación.

Los investigadores han podido constatar 236 contratos de financiación fraudulentos, por los que se estima que la organización habría obtenido un beneficio de casi 349.000 euros en un año. Aun así, no se descarta la existencia de más víctimas.

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231 víctimas

Hasta el momento, los agentes han localizado a un total de 231 víctimas. Principalmente, son de la provincia de Málaga y Ciudad Real, aunque hay otras en las de Almería, Córdoba, Toledo y Madrid.

En esta operación han sido detenidas e investigadas diez personas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de los dos máximos responsables de la organización.

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Asimismo, se han realizado cinco registros en empresas y domicilios en las provincias de Madrid, Málaga y Ciudad Real, en los que se han intervenido numerosos ordenadores, diverso material informático, documentación relacionada con la actividad delictiva y dos vehículos. Siempre según el Instituto Armado, se han bloqueado 32 cuentas bancarias y dos inmuebles.

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