fIN DE LA PENITENCIA, PROFESORA DE RELIGIÓN 17 AÑOS DESPUÉS

Resurrección Galera vuelve a dar clase de esta asignatura en el colegio de Almería del que fue apartada por la Iglesia hace 17 años al casarse con un divorciado. Los tribunales le han dado la razón

Resurrección Galera y su esposo, Johannes Romes, en su domicilio de Níjar (Almería). /EFE
Resurrección Galera y su esposo, Johannes Romes, en su domicilio de Níjar (Almería). / EFE
ISABEL IBÁÑEZ

Este septiembre, la vuelta al cole ha sido más que especial para Resurrección Galera, que ha vivido 17 años en lo que parecían unas eternas 'vacaciones', por utilizar el argot escolar; un verano que ha distado mucho de ser azul y que parecía no tener fin, pero que acaba de terminar con su regreso este lunes como profesora de religión a las aulas de las que fue apartada por la Iglesia católica. ¿El motivo? Haberse casado con Johannes Romes, un hombre divorciado con el que sigue compartiendo su vida en Níjar (Almería), donde regentan el hotel rural 'La Alberca'. Vestida de negro, a sus 52 años, acudió a su puesto para preparar su reencuentro con los alumnos el próximo lunes, sin hacer más declaraciones que la de estar «satisfecha» por esta reincorporación tardía.

La penitencia ha durado demasiado, según la abogada del caso, Amalia Robles, que ayer se expresaba así: «Estamos muy satisfechas de cómo ha terminado todo. Es verdad que ha costado mucho, pero lo hemos conseguido. Ha sido muy dificil y la Justicia debería haber sido más rápida, pero con tantos recursos y tantas tramitaciones se ha dilatado en el tiempo, algo que no es normal». El contrato de Galera no fue renovado en 2001 tras siete años en el colegio público Ferrer Guardia de los Llanos de la Cañada (Almería). El Ministerio de Educación le pagaba entonces 234.000 pesetas al mes (1.400 euros aproximadamente), hasta que el Obispado de Almería decidió no renovarla en el puesto a la vista de que meses antes la mujer se había casado en una ceremonia civil con un hombre alemán divorciado. Simplemente la excluyeron de la lista de profesores propuestos para ese curso.

Ahora la Justicia la restituye en las clases que no debió abandonar en cumplimiento de la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, que exige su readmisión tras anular un fallo anterior de los tribunales andaluces y declarar nulo su despido «por violación de derechos fundamentales». No era la primera vez que le daban la razón; en 2011 el Constitucional reconoció su derecho a «no sufrir discriminación por razón de sus circunstancias personales, a la libertad ideológica en conexión con el derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida y a la intimidad personal y familiar». Y argumentó que su enlace matrimonial «no afectaba a sus actitudes pedagógicas». Pero los recursos y las piedras en el camino colocadas por el Obispado almeriense han dilatado hasta ahora la resolución del caso. Y Educación no trasladó hasta el pasado julio la obligación de recolocarla.

«Ha costado mucho, la Justicia debería haber sido más rápida» Amalia Robles. Abogada

«La Diócesis ha sido arrogante: ni ha pedido perdón ni ha reconocido su error» Juan José Tamayo. Teólogo

El Supremo obliga ahora no solo a su readmisión, sino a compensarla con los salarios que debería haber cobrado desde su despido, teniendo en cuenta, eso sí, todos los sueldos percibidos durante este tiempo por Galera, contratada de forma temporal por la Junta de Andalucía, según su abogada:«Los cálculos aún están por hacer».

«No hice nada malo»

Aunque ahora prefiere no hacer declaraciones, en enero de 2012, Galera hablaba sobre la sentencia que acababa de darle la razón: «La Iglesia no está por encima de la Constitución», decía satisfecha. Y añadía: «Siempre he querido ser profesora de religión, si no, ¿para qué tanta lucha? Mis creencias siguen siendo las mismas. Yo no hice nada malo para que no me dejaran serlo. Nadie ha puesto en cuestión mi actitud didáctica. La enseñanza ha sido mi vida. Los niños me encantan. Ellos me enriquecían cada día, me hacían mantenerme viva (...). El problema fundamental son los acuerdos con la Santa Sede, que están dando lugar a estas incongruencias a nivel laboral». Poco después, en octubre, llegaba el jarro de agua fría, al comunicarle la Diócesis que no había obtenido la 'missio canoniga', un requisito que certificaba para ellos su 'idoneidad' y que le habilitaba para impartir clases de esta materia. «La Iglesia católica está por encima de la ley», la contradecía entonces su marido, Johannes, en otra entrevista que su mujer no pudo atender por estar «destrozada».

La Conferencia Episcopal no quiso ayer hacer declaraciones y la Diócesis de Almería prefirió no contestar a las llamadas de este periódico. Sí lo hizo el teólogo Juan José Tamayo, secretario general de la Asociación Juan XXIII: «Ha sido una injusticia en toda regla, laboral y religiosa, que apartaran de la docencia a esta mujer tan preparada, en una manifestación más del fundamentalismo religioso de aquellos años. Y ahora se produce una readmisión a regañadientes, una aceptación porque no quedaba otro remedio. La Diócesis de Almería no ha sido una buena ciudadana porque con su actitud arrogante no ha respetado las sentencias de los tribunales correspondientes. Ni ha pedido perdón ni ha reconocido el error».

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